Monterrey, NL. El gobierno de Nuevo León tiene un presupuesto estimado en 2,200 millones de pesos por concepto de pago de refrendo de control vehicular en el 2018, sin embargo, dejará de recaudar el impuesto sobre tenencia, que aporta entre 1,800 millones y 2,000 millones de pesos anuales, según datos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado.

Este jueves se presentó el gobernador interino, Manuel González Flores, para realizar el pago de su refrendo en las oficinas de Pabellón Ciudadano, en Monterrey, e hizo un llamado a los contribuyentes para cumplir con estas obligaciones y “buscar que con esto el gobierno tenga el respaldo para continuar con los servicios que presta”.

“Acudo para cumplir con esta obligación ante el gobierno del estado, es importante colaborar con este tipo de pagos (…) pago 1,698 pesos, por mi vehículo personal, una Highlander 2016”, comentó.

Sostuvo que este pago es menor debido al esfuerzo que hizo de manera conjunta el poder Ejecutivo y Legislativo al cancelar el pago de tenencia a partir del 2018.

Durante los primeros cuatro días del año se han recaudado cerca de 52 millones de pesos de 36,000 contribuyentes que han acudido a las delegaciones del Instituto de Control Vehicular en la zona metropolitana, así como bancos.

El parque vehicular de la entidad asciende a 2.1 millones automóviles, “lo que está en el padrón vehicular. En el año, el presupuesto estimado (sobre refrendo es de) 2,200 millones de pesos, es un ingreso muy importante para hacer frente a las necesidades”, afirmó Julián Quiroga Almaguer, director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General.

El destino de estos recursos ya están definidos en el presupuesto, “todos tienen un fin social, por eso se vuelve importante cumplir con este pago, para lograr estos apoyos”, enfatizó González Flores.

Con relación a la disminución de transferencias a municipios, porque se deja de recibir los recursos de la tenencia, el gobernador interino afirmó que la semana próxima dialogará con los alcaldes, puesto que tanto el ejecutivo estatal no dispone de recursos y no se pueden reponer a las entidades.

maria.flores@eleconomista.mx