El Barómetro de Información Presupuestal Municipal 2020 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dio a conocer que si bien con el paso de los años los diferentes ayuntamientos y alcaldías del país han presentado mayor transparencia en la información financiera, también se han agrandado las brechas entre ellos.

Al presentar los resultados, la directora del Imco, Valeria Moy, explicó que para este año el promedio de cumplimiento en el Barómetro de Información Presupuestal Municipal fue de 51%, 9 puntos porcentuales más que en la edición anterior, la del 2017; la calificación de este 2020 también significó la más alta desde que se creó el índice, en el 2009.

Sin embargo, detalló que detrás de esta mejoría hay grandes brechas entre los municipios, ya que sólo hay una entidad cuyos ayuntamientos reportan total transparencia presupuestal, “lo cual es preocupante”.

Dentro del Barómetro se estableció una escala de calificación de 0 a 100, donde 0 implica nula transparencia y 100 significa que el ayuntamiento es altamente transparente en materia de información presupuestal; Coahuila obtuvo 100% de cumplimiento, seguido por Campeche, con 88 por ciento.

Por el otro lado, los municipios de Aguascalientes, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Colima, Querétaro y Yucatán tienen una calificación promedio inferior a 70%, pero superior a 60%; mientras que los ayuntamientos del resto de las entidades presentaron un puntaje promedio inferior a 60%, que es reprobatorio; de ahí, la capital del país ocupa el último lugar.

Además, otro factor que se suma es que los datos que se recopilaron para esta edición son del 2018, debido a que falta información de años posteriores.

Valeria Moy precisó que en total se mide la calidad de la información presupuestal a nivel municipal de una muestra de un total de 287 ayuntamientos. Para seleccionarlos se toma en cuenta que son los que presentaron mayor gasto promedio del 2015 al 2017 de cada estado, y también deben ser los más poblados de cada una de las zonas metropolitanas.

Sobre los criterios, cada municipio es evaluado por medio de nueve secciones: criterios hacendarios, gastos específicos, recursos federales, deuda pública, acceso público, leyes de ingresos, clasificaciones contables, dependencias y organismos, así como tabuladores de plazas.

“Los presupuestos definen las prioridades políticas. A través de ellos, los ciudadanos pueden conocer las prioridades de gasto de los gobiernos. Es importante garantizar que los recursos se destinen a resolver las principales necesidades y servicios públicos a cargo de los municipios”, reiteró.

De acuerdo con el Imco, las 16 alcaldías de la Ciudad de México fueron las que presentaron la mayor opacidad a nivel nacional. Presentaron la peor calificación, menor a 10 por ciento.

Al respecto, Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del Imco, explicó que después de los municipios del Estado de México, las alcaldías de la capital del país son las que ejercen el mayor gasto local a nivel nacional.

Rubros

Sobre los rubros evaluados que presentan la mayor opacidad destaca el de gastos específicos, ya que no se presenta información presupuestal de los fideicomisos ni de los programas municipales, así como el gasto para grupos vulnerables.

También, en el rubro de deuda pública la mayoría de los municipios, a excepción de Coahuila, no informan sobre las tasas de contratación, las garantías o fuentes de pago, ni el destino de la deuda pública municipal.

Mientras que en criterios hacendarios no se reportan los procesos para aprobar subsidios o incrementos salariales, ni para constituir fideicomisos.

Otro de los rubros menos cumplidos es el presupuesto ciudadano, documento que los municipios están obligados a publicar para difundir el Presupuesto de Egresos en un formato y lenguaje simple para rendirle cuentas a los ciudadanos; lo mismo para tabuladores de salarios.

Propuestas

Valeria Moy informó que a partir de este estudio, el Imco presenta tres propuestas para mejorar la transparencia de información presupuestal de los municipios.

“La primera es que legislación estatal debe establecer la estructura e información mínima que los municipios deben incluir en sus presupuestos y debe sancionarse cuando no se observen las obligaciones de transparencia”, reiteró.

La segunda propuesta es que se establezca asistencia técnica y acompañamiento para los ayuntamientos, ahí los órganos de fiscalización locales deben asistir a los municipios.

“La tercera es desarrollar capacidad institucional. La administración pública municipal debe contar con un servicio civil de carrera en áreas técnicas”, manifestó.

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