Las entidades federativas del país no cumplieron con los requisitos mínimos de un marco jurídico que desarrolle la obra pública.

De acuerdo con el Índice Legal de Obra Pública (ILOP) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), de las 15 entidades evaluadas, las cuales concentran la mayor población e impactan más al Producto Interno Bruto nacional, obtuvieron una calificación promedio de 50.8%, en una escala de 0 a 100%; es decir, ninguna cumple con los requisitos mínimos en la calidad de las leyes que regulan la obra pública en materia de competencia, finanzas públicas, fiscalización, planeación, responsabilidad administrativa, tecnologías de la información y trasparencia.

“Los estados realizan obra pública con una planeación y seguimiento deficientes, lo que provoca una discrepancia relevante entre lo presupuestado y lo ejercido para el rubro de infraestructura. Tan sólo en el 2016, cinco entidades excedieron su presupuesto en más de 100%, mientras que siete entidades recortaron su gasto en más de 50%”, indica el reporte del Imco.

“No se está exigiendo el límite, ni siquiera el máximo de lo que una ley te puede dar, es el básico para garantizar condiciones óptimas para un buen desarrollo de obra pública”, dijo Ricardo Corona, director jurídico del Imco, en la presentación de la primera edición del ILOP.

El Imco desarrolló un método para analizar la calidad de las leyes que regulan la obra pública a nivel estatal, a través de la consulta de sitios oficiales, documentos académicos y la realización de múltiples solicitudes de información, que dieron como resultado el ILOP.

Este indicador contiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios mínimos que deben ser contemplados por el marco normativo que regula toda obra pública.

Estos criterios se rigen por siete ejes transversales para garantizar el buen desarrollo de la obra: competencia (acceso libre a los procedimientos de contratación, criterios de asignación de contratos objetivos y combate a acuerdos de colusión), finanzas públicas (autorización de recursos para proyectos conforme al plan de obra pública), fiscalización (si las leyes locales exigen que los gobiernos locales sean sujetos a auditoría), planeación (el programa estatal de obra pública debe estar alineado a los planes estatal y nacional del desarrollo).

Así como responsabilidades administrativas (aplicación de sanciones a servidores públicos o a particulares), tecnologías de la información (sistemas informáticos y plataformas electrónicas que permitan el control y el desarrollo de los procedimientos de contratación y los contratos adjudicados) y transparencia (obligaciones de publicación de información relacionada con los procedimientos de contratación y los contratos adjudicados).

De los siete ejes transversales del índice, las evaluaciones fueron las siguientes: competencia con 38.8% de cumplimiento, tecnologías de la información con 39.7%, trasparencia con 50.7%, responsabilidades administrativas con 52.3%, finanzas públicas con 61.2%, planeación con 66.1% y fiscalización con 71.3 por ciento.

Por entidad, únicamente tres superaron el coeficiente de 60% de cumplimiento: Estado de México (66.7%), Veracruz (64.6%) y Sonora (63.9%), mientras las relaciones más bajas se observaron en Tamaulipas (31.9%), Nuevo León (26.4%), Querétaro (25.7 por ciento).

“Sin un buen marco jurídico es imposible el desarrollo de obra pública que cumpla con altos criterios técnicos-operativos presupuestales. En leyes de calidad, el primer paso es estudiar el marco normativo, luego la implementación y la revisión de cuentas”, agregó el director general del Imco, Juan E. Pardinas.

Casos destacables

El reporte del Imco señala que las buenas prácticas de los gobiernos de Chihuahua y Jalisco derivan del uso de medios alternativos que dan solución a controversias. en el caso de Coahuila, la administración se apega a la exigencia de la manifestación de conflictos de interés y uso de medios electrónicos para desarrollar procedimientos que favorecen a la trasparencia.

En Sonora, se prevé la intervención de un Comité de Contraloría Social que coadyuva con el órgano interno de control a fin de detectar irregularidades en el desarrollo de la obra. En el Estado de México se exige que residentes y supervisores de obra aprueben evaluación de confianza, que genera incentivos para la observancia de las normas durante la ejecución de la obra.

Cabe destacar que en Veracruz, Tamaulipas y Querétaro, el marco jurídico regula a los tres poderes estatales y a los órganos constitucionalmente autónomos, que permite aplicar las mismas reglas al mayor número de autoridades.

Y entre las malas prácticas destacan Baja California, que domicilió en el estado para poder concursar, lo que constituye una barrera relevante a la competencia y los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, cuya ley de obra no cuenta con reglamento, provocando una regulación deficiente en la materia y la pulverización de normas administrativas.

“Ningún estado cumple con estos criterios puntuales: realizar la investigación de mercado previo al concurso, incorporar prácticas que fomenten la competencia, contener excepciones razonables a la licitación pública, permitir modificaciones al contrato sólo por debajo de 10%, digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra y conservar la información por lo menos ocho años, tiempo razonable para cualquier revisión que se quisiera hacer”, ahondó Ricardo Corona.

Sugerencias

Para lograr mejores resultados que den paso a una mejor calidad de la obra pública en el país, Imco propone impulsar una Ley General de Obra Pública que regule a los tres niveles de gobierno en sus procesos de planeación, contratación, ejecución, evaluación y auditoría de la obra pública; publicar marco normativo vigente; regular la actuación del mayor número de entes públicos y privados; eliminar barreras a la participación con base en criterios geográficos y ventajas indebidas por criterios de localidad; incorporar mecanismos para prevenir, detectar y contener acuerdos colusorios, particularmente.