Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que, de pasar también por el Senado de la República, modificaría a la reciente creada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que apenas empezaba a implementarse.

De acuerdo con al análisis Elección 2018: desarma disciplina financiera local, de México Evalúa, “hay tres cambios que preocupan, pues abren la puerta para ser menos cautelosos en el manejo de las finanzas públicas. En concreto, los que consideramos más graves son: 1) hacer más laxas las obligaciones del pago de la deuda estatal, 2) dar incentivos en la propia ley para aumentar el gasto corriente, ya de por sí excedido y 3) relajar los límites al gasto corriente en un año electoral”.

Ante ello, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de dicha organización civil, recordó que uno de los objetivos originales de esta ley era contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas en los estados, controlar los niveles de endeudamiento en los mismos, a través del Sistema de Alertas con la clasificación de niveles: bajo, en observación y alto, para así mejorar la calidad del gasto.

El primer desarme, según el desglose de México Evalúa, se plantea en el artículo 14 de esta ley, el cual otorga a las entidades federativas mayor margen de maniobra para utilizar los ingresos adicionales o excedentes que reciben durante el ejercicio para fines distintos al pago de la deuda.

En el caso de los estados con un nivel de endeudamiento elevado, la obligación se queda igual, tendrán que destinar 50% de sus ingresos excedentes al pago de deuda.

Sin embargo, para los estados con un nivel de endeudamiento clasificado como “en observación”, como Chihuahua con 169.4%, reducirían el porcentaje de ingresos excedentes destinados a la amortización de su deuda de 50 a 30 por ciento.

Excedentes

Adicionalmente, entidades con una deuda sostenible no estarían obligadas a destinar un porcentaje de sus recursos excedentes para pagar deuda. Las cifras al segundo trimestre del 2017 muestran que hay 23 estados en esta categoría.

El segundo perjuicio a la disciplina financiera es que se otorga más flexibilidad para aumentar el gasto corriente en los estados. En el mismo artículo 14, ahora se incluye una disposición para las entidades federativas, cuya deuda se considere sostenible, de utilizar hasta 5% de sus ingresos excedentes totales para gasto corriente, cuando anteriormente sólo se permitía destinarlo a la amortización de la deuda, inversión productiva y fondo de estabilización o ahorro.

El análisis señala que la tercera y más grave modificación contenida en esta propuesta se encuentra en el artículo 4 transitorio, el cual establece que durante el 2018 las entidades federativas con un nivel de deuda sostenible podrán gastar 100% de sus ingresos remanentes en gasto corriente.

“Alarma que se considere esta nueva medida cuando el gasto corriente ha sido excesivo con relación al gasto en la inversión física, en general en los estados, sin importar su nivel de endeudamiento. En promedio, en los estados los montos de inversión física cayeron en 49% real del 2009 al 2016,  mientras que el gasto en servicios personales se incrementó en 28% real en el mismo periodo”, se lee en el documento.

Y añade que promover mayor gasto corriente fuera del presupuesto aprobado en las entidades durante el año electoral permitirá ampliar los márgenes de la discrecionalidad.

“No sólo hay que pensar en los incentivos que enfrenta la demanda de oferta o los gobiernos locales, sino también pensar en cuáles son los incentivos que enfrenta la oferta de crédito. Es decir, por qué hay un sistema financiero que está dispuesto a seguir prestando dinero a los estados insolventes”, añadió Mariana Campos.