Después de que se publicara el decreto de la Ley de Disciplina Financiera (LDF) el 27 de abril del 2016, las entidades federativas, municipios y organismos públicos incrementaron significativamente la adquisición de financiamientos.

Los principales objetivos de este marco normativo son promover finanzas sostenibles, uso responsable de la deuda pública y transparentar cuentas.

Para tal tarea, se dispuso del Sistema de Alertas para medir, a través de tres indicadores, el nivel de endeudamiento de los entes públicos con financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya fuente de pago sean los Ingresos de Libre Disposición (ILD).

La medición se manifiesta como un semáforo de endeudamiento y establece un techo de financiamiento neto: en verde (sostenible), el umbral es de hasta 15% de sus ILD; en amarillo (en observación), hasta 5%, y en rojo (elevado), sin financiamiento adicional. Para los estados, dichos techos se aplican en este ejercicio fiscal, y para los municipios, en el 2019.

En resumen, la LDF nace para poner candados a la deuda estatal. En este contexto, a la tercera semana de abril del 2018, el monto original de los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de entidades, municipios y organismos públicos fue por 35,160.3 millones de pesos, 50.3% más que en igual lapso del 2017, cuando se alcanzaron 23,388.2 millones.

Considerando el periodo de análisis, estas dos cifras son históricas, cuya base estadística de la SHCP muestra información a partir de 1995. El promedio del 2008 al 2016 de contratación de obligaciones financieras resultó en alrededor de 4,600 millones de pesos. Antes del 2017, entre los años citados, el financiamiento más elevado se dio en el 2014 (8,351.1 millones) y el menor, en el 2013 (2,035.7 millones). Además, los 35,160.3 millones de pesos de este año son 15.3 veces la deuda del 2016.

Por destino, 40.6% fue para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 29.0% para inversión pública productiva, 22.1% para refinanciamiento y 8.3% para el binomio inversión pública productiva/refinanciamiento (no se especifica peso de cada rubro).

En este punto resalta la preferencia de los gobiernos locales, dejando en segundo término la inversión productiva, apartado que se define, según la ley, como toda erogación por la cual se genera, directa o indirectamente, un beneficio social.

Ya por entidad, al corte de la tercera semana de abril del 2018, 19 estados contrataron deuda, destacando en primer lugar Nuevo León, con 20.3% de los 35,160.3 millones de pesos; le siguieron Chiapas (14.4%), Veracruz (12.2%), Estado de México (10.4%) y Morelos (9.3 por ciento).

De las nueve entidades que se ubicaron en semáforo amarillo del Sistema de Alertas en el 2017, sólo Coahuila no adquirió obligaciones en lo que va del año.

De hecho, destaca Tlaxcala, que el año pasado no registró deuda, ya que sus municipios de Apizaco y Tetla de la Solidaridad inscribieron financiamientos por 27.7 y 2.8 millones de pesos, respectivamente, con plazo al 8 de agosto del 2021, con destino a inversión pública productiva.

El mayor crédito fue para el gobierno de Nuevo León, de 4,098.3 millones de pesos, dirigido a refinanciamiento; en su momento, la administración estatal explicó que este mecanismo utilizado fue para mejorar condiciones de mercado, es decir, bajar tasas de interés.

Año electoral

Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que las entidades tienen presiones de liquidez porque la LDF a partir de este año los obliga a realizar presupuestos sostenibles.

Añadió que por ser año electoral, las administraciones locales difícilmente han buscado incrementar impuestos o recortar gastos, por lo que recurren a deuda de corto plazo (cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal).