Por la probable realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicio de autotransporte terrestre de pasajeros en las regiones centro, centro-sur, sur-sureste y el estado de Tamaulipas, la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de inicio de una investigación de oficio.

Las entidades involucradas son las siguientes: la capital del país y el Estado de México en el centro; Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala en centro-sur, y Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán sur-sureste.

El autotransporte terrestre de pasajeros, de acuerdo con la Cofece, es el servicio que se presta de manera regular en caminos federales, con itinerarios y rutas fijas, sujeto a horarios, con llegada y salida en lugares autorizados para el ascenso y descenso de pasajeros.

“Sobre este inicio, la autoridad investigadora de la comisión señala que el autotransporte de pasajeros incide de manera importante en la economía de las familias, debido a que es la principal opción de carácter público que existe en México para la movilidad terrestre de personas. En el 2017, cerca de 3,700 millones de usuarios se trasladaron por este medio, lo que representa 95.8% de los pasajeros totales movilizados por las diferentes opciones de transporte en el país”, indica a través de un comunicado.

Las prácticas monopólicas absolutas, define el órgano, son los contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.

“En el extracto de inicio publicado, se explica que el procedimiento se refiere a una posible fijación de precios, segmentación de mercado e intercambio de información entre competidores para realizar alguna de las conductas referidas anteriormente. Esta investigación, con número de expediente IO-003-2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno”, explica la comisión.

Lo anterior, añade, debido a que no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.

Indagatoria

El plazo para la indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 15 de noviembre del año pasado, cuando inició la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.

“Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el pleno podría resolver su cierre. En caso de que existan fundamentos que presuman una violación a la ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa”, refiere la Cofece.

Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, la comisión refiere que, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con 10% de sus ingresos y, además, también podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas.

“Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores podrían ir a prisión, de conformidad con el Código Penal Federal, hasta por 10 años”, concluye.

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