Al cierre del primer trimestre del año, 37.88% de trabajadores remunerados en el país no contaba con acceso a prestaciones de ley, cuando un año antes el coeficiente fue de 38.38%; esta disminución nacional no se reflejó en 11 entidades federativas, resaltando el caso de Hidalgo, que pasó de 55.88 a 59.33 por ciento.

Al territorio hidalguense, en estados con mayores incrementos en este indicador laboral, le siguieron Durango (de 28.91% del sector remunerado sin prestaciones a marzo del 2017 a 31.32% en igual periodo de este año), Sinaloa (de 34.32 a 36.74%) y Veracruz (de 54.49 a 56.53%), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El año pasado se observó una dinámica importante en algunos de estas entidades, en la cual se impulsó al sector agropecuario por medio de  incentivos y subsidios para fomentar la producción alimentaria y así tratar de controlar la inflación del 2017, sin embargo, los trabajadores que se requieren son informales, sin prestaciones de ley”, explicó Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, comentó que el incremento en Hidalgo de trabajadores en estas condiciones se debe al tipo de actividades a las que se dedica, como las agrícolas, dada la demanda de alimentos y las condiciones meteorológicas favorables, provocando que los empleados, a su vez dueños de las tierras que trabajan, vendan sus productos a compañías más grandes, por lo que no reciben prestaciones de ley.

“Este tipo de trabajo no ofrece remuneración que contempla la ley tales como fondos de retiro, accesos a servicios de salud, prestaciones, ya que los recursos que obtienen los trabajadores por la venta de sus productos, son repartidos como un salario”, declaró.

En relación con Durango y Sinaloa, Magaña Rodríguez refirió que estas entidades se suman a las actividades primarias y los altos niveles de informalidad por el sector comercio.

“En Durango, la crisis minera incita a que muchas personas busquen otras ocupaciones, como comercio y servicios, de este modo, la creciente informalidad ha originado que cada vez sean menos los trabajadores que reciben algún tipo de prestación o servicio de salud”, reveló.

Raymundo Tenorio Aguilar especialista del Tecnológico de Monterrey, aseguró que el incremento de trabajadores remunerados sin acceso a prestaciones de ley en Hidalgo, Durango, Sinaloa y Veracruz se debe a que su actividad económica se fundamenta en ramas agrícolas y de servicios, donde se dan las condiciones de informalidad.

“Personas que prestan un servicio no subordinado pero sí remunerado, como jardineros, herreros, carpinteros, entre otros, sin contrato y, por consecuencia, sin prestaciones; los propios gobiernos locales también fomentan esta condición de informalidad al ocupar personas sin brindarles un contrato”, acotó.

Mejora

Las entidades que redujeron en mayor medida la situación de sus trabajadores sin prestaciones fueron Colima (de 36.84% del sector remunerado en dicha condición al tercer mes del 2017 a 33.03% en el mismo lapso de este año), Sonora (de 30.68 a 27.24%), Chihuahua (de 25.43 a 22.35%), Tlaxcala (de 56.58 a 54.07%) y Quintana Roo (de 32.98 a 30.56 por ciento).

“El comportamiento de estas entidades es por la creación de empleos formales, la incorporación a este sector a través de contratos temporales o permanentes; esto sucede en áreas de comercio al por mayor y en servicios turísticos donde se observa una mejor condición laboral”, indicó Tenorio Aguilar.

El coordinador del CIEN puntualizó que en Sonora y Chihuahua obedece a que se están industrializando y por ello requiere trabajadores formales, “mientras que en Quintana Roo el comportamiento se conecta al crecimiento turístico que demanda la necesidad de personas que se desempeñan en el sector formal, como en la industria hotelera y de restaurantes, mejorando las condiciones de trabajo”.

Fortaleza fronteriza

En los primeros tres meses del 2018, las entidades que superaron el umbral de 50% de su población remunerada que no tiene prestaciones de ley fueron Oaxaca (61.82%), Michoacán (59.77%), Hidalgo (59.33%), Puebla (57.90%), Veracruz (56.53%), Chiapas (56.34%), Guerrero (55.87%), Tlaxcala (54.07%) y Morelos (51.45 por ciento).

“En estos territorios, particularmente Oaxaca y Michoacán, por cuestiones propias y el rezago económico por el que atraviesan, han permitido que cada vez sean menos los empleos formales que se generan en las entidades, provocando que más personas se muden al sector informal y que incluso tengan que migrar”, manifestó Héctor Magaña.

Al otro polo se colocaron las entidades con una relación menor a 30%: Nuevo León (18.92%), Coahuila (19.10%), Chihuahua (22.35%), Baja California (23.43%), Tamaulipas (24.29%), Sonora (27.24%), Aguascalientes (27.34%), Baja California Sur (28.08%) y Ciudad de México (28.38 por ciento).

Los seis estados con los porcentajes más bajos pertenecen a la frontera norte de México, los cuales presentan factores comunes: crecimiento económico, generación de plazas formales y captación de capital extranjero.

“En Nuevo León, Coahuila y Chihuahua se impulsa la Inversión Extranjera Directa, recursos que normalmente se acompañan de contratos laborales con prestaciones de ley, que permiten tener a trabajadores mejor protegidos para evitar algún problema con sindicatos o conflictos, por lo que se les otorgan prestaciones para que se desarrolle el modelo exportador de una manera favorable”, expuso el analista del CIEP.

Tenorio Aguilar detalló que en las entidades del norte, más Aguascalientes y la capital del país, hay un mayor impulso a la formalidad laboral mediante incentivos como el Régimen de Incorporación Fiscal y los programas de subsidios de empleo, “por lo que estos territorios han tenido un mayor impacto en la formalización de trabajadores por cuenta”.

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