La Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), dentro de las observaciones hechas al municipio de Querétaro, indicó que hubo una falta por parte del Secretario del Ayuntamiento o quien resulte responsable por haber otorgado una concesión al proveedor Urbanica para la colocación de publicidad en puentes peatonales.

De acuerdo con la observación emitida y publicada en la gaceta de la LVI Legislatura local, durante el año pasado el ayuntamiento de Querétaro aprobó la concesión de 15 puentes peatonales al proveedor Urbanica; sin embargo, destacó la ESFE, la publicidad se encuentra prohibida conforme el Reglamento de Anuncios para el Municipio.

Incumplimiento por parte del Secretario del Ayuntamiento y/o servidor público que resulte responsable de la función o facultad que se señala, en virtud de haber otorgado en concesión al proveedor Urbanica Grupo Publicidad, S.A de R. L. de C. V., la explotación, uso y aprovechamiento de 15 puentes peatonales municipales mediante la publicidad comercial en los puentes referidos, siendo que se encuentra prohibida la colocación o instalación de anuncios de cualquier clasificación o material en los puentes peatonales, conforme al Reglamento de Anuncios para el Municipio de Querétaro , se lee en la observación de la ESFE.

La gaceta de la sesión de cabildo del 1 de junio del 2010 estableció que los puentes peatonales distribuidos en Avenida Constituyentes, Bernardo Quintana y 5 de Febrero fueron puestos a disposición de las empresas; permiso que comenzó a ser útil a partir de octubre del 2011.

Según el ayuntamiento capitalino, la empresa responsable de la licitación se encargará de realizar los cambios correspondientes a la infraestructura de los puentes.

Fue en febrero del 2012 cuando comenzaron a realizar algunos cambios a las estructuras, los puentes, inclusive a colocar propaganda electoral -la cual fue retirada por el Instituto Electoral de Querétaro por estar prohibida.

La concesión otorgada por el municipio a la empresa Urbanica tiene un lapso de 20 años.

La actual administración cuenta con un periodo de tres meses para solventar ésta y otras observaciones realizadas al ayuntamiento.

arlene.patino@eleconomista.mx