Para el inicio de este año, los gobiernos estatales y municipales cambiaron su apuesta de destino en la adquisición de deuda: de refinanciamiento e inversión productiva pasaron a obligaciones de corto plazo por insuficiencia de liquidez.

Especialistas coincidieron que este comportamiento se debió a la llegada de la nueva administración federal, al ineficiente manejo de las finanzas públicas estatales, así como a la irregularidad en la asignación de participaciones y aportaciones, que representan en promedio más de 80% de los ingresos totales de las administraciones subnacionales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la deuda adquirida a la primera quincena de marzo del 2019, que ascendió a 13,683 millones de pesos, 94.5% se destinó a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal (no mayor a un año), concepto que surgió en el 2017; dicho porcentaje de contribución es el más elevado desde el año referido (6.1% en el 2018 —67.9% fue para inversión pública productiva— y 42.3% en el 2017 —50.9% fue para refinanciamiento—, en mismos periodos de comparación).

Por monto, el destino referente a cubrir insuficiencias de liquidez llegó a 12,928 millones de pesos, que representó 19 veces más la cifra de igual lapso del año pasado (685 millones).

Los mayores montos de deuda inscritos entre enero y la primera quincena de marzo del 2019 fueron de los gobiernos estatales de Veracruz, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Baja California, los cuales tuvieron un solo destino: cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Es importante mencionar que entidades y municipios pueden contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

Asimismo, el total de financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, por 13,683 millones de pesos, significó 21.1% más que en igual periodo del 2018; destaca, por un lado, que es el mayor monto mostrado en la SHCP para un mismo lapso de análisis, y por el otro, que es la menor variación desde el 2016, cuando se presentó una caída de 73.1%, es decir, los entes públicos bajaron el ritmo de contratación de deuda tras la publicación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en abril del 2016.

Insolvencia

Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó que para que una entidad esté bajo un escenario de insuficiencias de liquidez de carácter temporal, “es porque no hay solvencia para pagar sueldos, nóminas, a proveedores, compromisos contractuales y porción líquida de deuda”.

Afirmó que el cambio de administración federal es la principal causa para que se esté dando este comportamiento entre los estados, “por la curva de aprendizaje se dio un retraso en el proceso presupuestal, de igual forma por la modificación en la distribución de aportaciones y participaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el proceso de liberación de recursos se alentó.

“Este año la Federación ha tenido dificultades en la distribución de los recursos, por ello, las autoridades estatales al no ver liquidez han tenido que optar por préstamos para poder pagar a su personal, a proveedores, entre otros”, detalló.

“Que los gobiernos estatales contrajeran préstamos para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal es síntoma de que ellos están dando prioridad al personal, a los trabajadores. Pero debe revisarse si los recursos federales destinados al pago de nóminas seguirán con dificultades de distribución”, enunció el analista del CIEP.

Por su parte, José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), dijo que esta situación se da porque actualmente los estados no cuentan con ingresos suficientes por una planeación estatal errónea y una recaudación deficiente.

“Es señal de que los ingresos propios de las entidades no alcanzan para enfrentar los gastos operativos y corrientes. Esto se da por una planeación financiera errónea, no recaudaron lo suficiente en impuestos locales. Los gastos que estimaron no corresponden con la realidad. Es momento para que las algunas entidades vean que dependen de la Federación, y necesitan generar más actividades económicas y atraer mayor inversión”, destacó.

Manifestó que es tiempo de revisar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyos principales objetivos son el uso responsable de la deuda pública, transparencia de cuentas y promover finanzas sostenibles.

“Es una directriz que regula que las entidades no se endeuden; sin embargo, hay que ver si está funcionando de manera correcta, y ver qué se puede hacer ante el aumento de la deuda, y el uso que se le está dando. Lo que está pasando nos indica que se necesita mejorar, porque los estados al ver que no llegan los recursos suficientes pueden caer en un mayor endeudamiento”, manifestó el director del IDIC.

Los más

Del monto de 13,683 millones de pesos inscritos en el Registro Público Único, Veracruz presentó la mayor adquisición de obligaciones financieras, con 4,500 millones; seguido por Baja California con 1,641 millones.

Al respecto, Héctor Magaña Rodríguez, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, indicó que la situación actual de Veracruz obedece al mal manejo de recursos que hubo en administraciones estatales pasadas, donde el sistema de recaudación de impuestos se deterioró y se alejó a la inversión.

“Con Veracruz no está claro qué pasó con todos los recursos que le asignaba la Federación, no se sabe qué hacía el gobierno estatal. Varios trabajadores que estaban en el sector público no percibían sueldos o había dificultades con proveedores, y apenas se les está pagando”, señaló.

Expuso que el escenario actual de endeudamiento en la entidad veracruzana generará más consecuencias: “Lo óptimo sería generar proyectos de inversión, pero si sólo se está pidiendo financiamiento para pagar sueldos y salarios, a largo plazo no habrá un desarrollo económico sostenible”.

Para el presidente del Colegio Estatal de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, los préstamos que ha adquirido la entidad han surgido por la necesidad de cubrir compromisos como el pago de los sueldos de los maestros, dado el conflicto magisterial, así como la llegada de las caravanas de migrantes.

“La Federación no ha aportado recursos suficientes para poder afrontar estos dos problemas. Se les ha tenido que apoyar con recursos estatales. Con esto, nos damos cuenta que la recaudación propia no es suficiente. Además de que las participaciones federales son cada vez más escasas o no llegan a tiempo”, aseveró.

Alza en la tasa de interés incrementa el servicio de la deuda

Si bien las entidades federativas del país han disminuido su deuda per cápita y sus niveles de endeudamiento desde que se publicó la Ley de Disciplina Financiera en el 2016, el incremento de tasas de interés del Banco de México aumentó el servicio de deuda potencial, detalla el reporte Deuda de los Estados al Cierre del 2018, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), realizado por Kristobal Meléndez Aguilar.

Lo anterior, asegura el estudio, deteriora la perspectiva de algunos estados, “por lo que habrá menores recursos disponibles para programas sociales o las entidades federativas tendrían que incrementar impuestos para mantener su nivel de gasto público”.

Para una menor afectación social, el CIEP indica que los estados con mayor incremento en servicio de deuda potencial podrían hacer ajustes a su presupuesto o recurrir a una reestructuración que disminuya la tasa de interés.

“Estos ajustes requieren considerar el presupuesto en pensiones, educación, salud, seguridad y combate a la pobreza. Además, cabe recordar que desde el 2019 las entidades federativas ya no contarán con recursos del Ramo 23 para saneamiento financiero como ayuda adicional al pago de obligaciones”, detalla.

Con excepción de Campeche, Yucatán y Guerrero, la deuda per cápita de las entidades se contrajo en el periodo 2015-2018. La deuda promedio de los estados al cierre del 2015 era de 5,408.1 pesos por persona, mientras al cierre del año pasado pasó a 4,426.4 pesos por habitante, según información del CIEP.

Sin embargo, con contar a Tlaxcala que no tenía deuda en el 2018, la tasa de interés incrementó en todos los estados en igual lapso de estudio. El promedio que pagaban las entidades transitó de 5.5 a 9.2 por ciento.

Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo se mantenían como los cuatro estados con mayor deuda per cápita al cierre del 2018 (más de 11,666 pesos por habitante). Asimismo, Nuevo León, Baja California, Coahuila, Michoacán y Veracruz pagaban las mayores tasas de interés el año pasado, al menos 9.6% por sus adeudos.

Los ascensos en el servicio de deuda potencial por encima de 100% en el 2018 se presentaron en Campeche y Michoacán. (Redacción)