“En Jalisco hay un arancel no escrito para que el aparato judicial se mueva en favor de un demandante o de una víctima, y si el delito es atribuible al crimen organizado ese arancel es impagable”, asegura el abogado Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, secretario técnico de la Mesa de Seguridad y Justicia de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo de Jalisco.

El respaldo en las urnas de casi 40% del electorado en favor de Alfaro se explica en buena parte porque la sociedad jalisciense está lastimada; vive con miedo frente a los acontecimientos de violencia que han sacudieron a la capital del estado y que incrementan la percepción de que Jalisco está secuestrado por el narcotráfico y que las autoridades han fracasado o se han coludido.

“El creciente predominio del narcotráfico y narcomenudeo y su cauda de delitos y violencia; la escalada en atrocidad y violencia; el infierno de los desaparecidos y el dolor de sus familias, sólo son concebibles frente al contubernio, el vacío institucional y la nula capacidad de disuasión de las autoridades”, afirma el triunfador en la contienda por la gubernatura.

Con una cifra de impunidad de 80%, la más alta del país, y una efectividad del Ministerio Público en investigación de apenas 5.4%, Enrique Alfaro ha colocado la seguridad y la impartición de justicia en el eje de su plan de gobierno y sabe que son dos de sus grandes retos. Entiende la frustración social, y asegura que en Jalisco “es más fácil sacar dos veces doble reintegro en el sorteo Zodiaco que se esclarezca un delito del que fue víctima un ciudadano”.

Esta probabilidad parece imposible ya que de la cifra total de delitos (2’321,378 en 2016  según datos de Jurimetría) se denuncia en promedio 6.8% y de ellos, sólo 0.37% llega a esclarecerse, decir, 10,091 casos, lo cual no implica persecución ni reparación del daño.

Alfaro Ramírez propuso en su campaña un decálogo para “restaurar el orden para garantizar seguridad con justicia”, que ha sido calificado por el Observatorio Nacional Ciudadano como el de “mayor cohesión” que se haya presentado; la “estrategia más clara y más completa”.

Instrumentar este plan requerirá de impulsar una agenda de modificaciones legales en el Congreso del Estado. El Economista platicó con el director general de Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho AC, doctor Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, autor de la propuesta de seguridad y justicia del gobernador electo.

Zepeda Lecuona es abogado de la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho por la UNAM, maestro en políticas públicas por el ITAM; un referente nacional cuando se habla del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Parece titánico el reto en materia de seguridad; ¿están listos? ¿cuál es la meta para los primeros cien días?

Estamos conscientes de eso. Nos va tocar reconstruir el barco en alta mar con tempestad y con el y con el viento en contra. Queremos disminuir la tasa de la impunidad en las primeras semanas y la que la justicia en Jalisco sea para todos, que no haya cover. Apostamos por la prevención pero también por fortalecer la capacidad de disuasión del Estado, sobre todo para bajar los delitos de alto impacto en los primeros meses.  70% de ellos los comete el crimen organizado y ante la baja expectativa de consecuencias van en aumento.

Enrique Alfaro ha señalado que cuando fue alcalde de Guadalajara se tomaron todas las medidas en materia en seguridad que recomiendan los organismos internacionales para disminuir la violencia, sin embargo los delitos de alto impacto no disminuyeron; señalaba las deficiencias del nuevo sistema de justicia penal (NSJP) y la corrupción existente en algunos órganos judiciales:

¿A dos años de la implementación del NSJP cómo lo evalúa?

El propio Alfo ha señalado que sin duda el NSJP es superior a lo que teníamos antes, pero lo que ha fracasado es la implementación. No ha capacitado suficientemente a los funcionarios y no se han desmontado los intereses creados y de corrupción.

Lo que teníamos antes era indefendible, estaba basado en tres pilares, la tortura, la flagrancia, y la prisión preventiva, hoy se tiene que actuar con nuevas herramientas, no cambia para nada la teoría penal pero ahora se dejan de subsidiar las ineficiencias de la investigación, hay ocho estados que están desarrollando la potencialidades del nuevo sistema acusatorio y hay otros 22 que están desarrollando excusas, Jalisco es uno de ellos.

¿Cuál es el principal obstáculo?

El cuello de botella que tenemos es el Ministerio Público; hay mucha ineficiencia y corrupción. Te doy un dato: desde la oficina del Fiscal del Estado se ve el estacionamiento de los MP,  y yo pregunto, ¿cuál de esos coches corresponde a un salario de 13,000 o 16,000 pesos mensuales? Es un indicador muy  evidente de la corrupción que existe. Nosotros queremos quintuplicar en un año el nivel de efectividad de investigación del MP, actualmente con el NSJP sólo uno de cada nueve delitos el MP los lleva ante el juez y queda vinculado a proceso penal.

¿Cuál será la estrategia y la ruta para abatir la impunidad y la corrupción?

La corrupción se ha normalizado, hay un arancel no escrito para que el aparato judicial se mueva en favor de un demandante o de una víctima, y si el delito es atribuible al crimen organizado ese arancel es casi impagable.

Estamos buscando cómo sí atajar la violencia y mejorar la impartición de justicia y no quedarnos en el cómo no. Necesitamos detener las inercias de corrupción haciendo una reingeniería de procesos, aprovechando el sistema de justicia alternativa, la mediación y empujando una agenda de reformas en el Congreso del Estado.

Luis Rubio dice que reformar es atentar contra intereses creados. Si un MP en Tránsito se puede embolsar de 30 a 50 mil pesos en una noche, por qué va tener interés en que los accidentes de tránsito que no son graves se resuelvan por mediación. Nosotros proponemos en esos casos impulsar la justicia alternativa, de manera expedita, sin sangrar a los ciudadanos implicados.

¿Cómo enfrentarán al crimen organizado?

Lo primero es aceptar que las instituciones en Jalisco están penetradas por el crimen organizado, y que es el responsable de 70% de los delitos de alto impacto; y ahora está más sofisticado, ya no es sólo en trasiego de droga, el narcomenudeo, sino toda la cauda delictiva que trae tras de sí, la extorsión, la trata de personas, el lavado de dinero; por otra parte la gran capacidad que tiene para generar violencia, el equipamiento,  el entrenamiento casi de guerrilla que recibe de grupos extranjeros, la capacidad económica que tiene para corromper, y no hay inteligencia financiera al respecto: uno de cada tres pesos que se lavan en México, se hace en Jalisco, según el Departamento del Tesoro de EU, esa industria sólo es posible con el contubernio de las autoridades y con una alta expectativa de impunidad.

Queremos revertir esta alta incidencia de violencia e impunidad, creando unidades de inteligencia e investigación con estándares de efectividad, que respondan en tiempo real, con mesas de resultados rápidos, depurando y capacitando a los cuerpos policiacos, desmueganizando la Fiscalía, recuperando espacios públicos. Al crimen, lo ha dicho el candidato, hay que pegarle arriba, en medio y abajo, con golpes de precisión.

Necesitamos fortalecer las unidades de investigación, crear mecanismos integrales de atención a las víctimas, reforzar la unidad de homicidios, atacar el narcomenudeo, depurar las policías, porque actualmente hay zonas de la Policía Municipal en la zona metropolitana que son impenetrables, está tomadas por el narcotráfico, y las policías están coludida.

Alfaro va impulsar un servicio profesional de carrera, un Instituto de Investigación Policial, siguiendo los modelos de Nuevo León y de Cataluña, que forme a los policías de investigación y a los mandos policiacos, y asignar recursos  públicos por 172 millones de pesos para las ONG que trabajan en reinserción social,  con un censo de capital social, con altos estándares de calidad.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Hay todavía gente valiosa en las instituciones, llevamos años diagnosticándolo, así que sabemos quién es quién dentro de las corporaciones, y se tienen mapeadas las islas de no impunidad.

Hay inactividad porque hay desconfianza, los buenos se tienen que aislar, tienen que cuidarse las espaldas, porque están penetrados por el crimen, hay infiltrados, pero creo que en el momento de que reciban los incentivos y que vean que hay respaldo a nivel de los mandos,  van a responder, porque ahorita hay fuego amigo. Tenemos 5% de efectivos en el estado muy calificado que pueden abatir el 60% de los delitos de alto impacto. Pero se necesita limpiar el MP, acabar con la corrupción, reubicar e incentivar a los más eficientes. Si fortalecemos el modelo de justicia alternativa los corruptos se van solos porque ya no hay tajadas. En Jalisco ningún mediador de justicia alternativa está certificado, y ya llevamos dos años.

Aunado a eso, necesitamos crear grupos tácticos con la participación de las policías locales, el Ejército, la Marina y el Cisen, para combatir a  los criminales peligrosos, con ello se va reducir la violencia y también las víctimas y los victimarios.

¿Cuál es la agenda que se deberá impulsar en el Congreso?

Necesitamos una reforma constitucional para darle autonomía a la Fiscalía, reformar la ley orgánica, mejorar la defensoría pública, darle más recursos, hoy recibe sólo 1.7% del total del rubro en seguridad y justicia, readscribir el sistema penitenciario, actualmente a cargo dela fiscalía, un reglamento interior para prever las buenas prácticas, establecer mesas de ruta crítica, y la vía presupuestal. Son 6,000 millones de pesos que hay que reacomodar. El Poder Judicial también se tiene que revisar, los procesos penales han bajado de 20,000 a 4,000, y la mitad de los internos en los reclusorios no tiene sentencia. Esto tiene que ver con el NSJP pero también con la ineficiencia en la investigación. Hay que fortalecer pero también reorientar los recursos.

Decálogo por la seguridad y el orden

En el plan integral de diez puntos para “restaurar el orden para garantizar seguridad con justicia”, Enrique Alfaro  propone: 1) crear una secretaría de seguridad ciudadana, darle completa autonomía a la Fiscalía y adecuar el nuevo sistema de justicia penal para disminuir la impunidad y llevar a los delincuentes a la cárcel; 2) cero tolerancia contra la delincuencia y combate al crimen; depurar las policías y los ministerios públicos; e invertir en inteligencia y capacitación; 3) abatir la impunidad elevando el  nivel de efectividad en la investigación policiaca; 4) atención a las víctimas, no re victimizándolas, y haciendo expedita y efectiva la reparación del daño, estableciendo bajo el mismo techo a las instituciones y ONG que brindan servicios de atención a las personas agraviadas por un delito; actualmente en Jalisco un persona que denuncia tarda 118 minutos en promedio en ser atendida;  5) cumplir con la ley;  “la ley no será un adorno ni un llamado a misa”; promover la cultura de la legalidad y fortalecer el sistema estatal anticorrupción; 6) trabajar todos y juntos por la seguridad; establecer políticas transversales para para reducir la violencia, considerando todas las dimensiones de la seguridad: individual, comunitaria, ambiental, política, económica, alimentaria y de salud; 7) atención proactiva a conflictos aprovechando en nuevo marco jurídico y privilegiando la cultura de la mediación y la justicia alternativa: “no curar catarros con quimioterapias”; 8) privilegiar prevención contra reacción; mejorar el diseño urbano de las ciudades; recuperar espacios públicos; optimizar los servicios; reforzar la socialización en escuelas, familias, entre los jóvenes; acercar la policía la ciudadanía; reforzar medidas de seguridad en escuelas, barrios, lugares de convivencia y en especial la seguridad de las mujeres; 9) dignificar la vida de los policías; brindarles formación profesional, mejora salarial, estabilidad laboral y atraer a jóvenes a la carrera policial brindando incentivos; 10) un nuevo modelo de reinserción social para revertir el hacinamiento y desmantelar el autogobierno en las prisiones;  en Jalisco, 51% de los internos en los centros penitenciarios no tiene sentencia; Puente Grande, el tercer reclusorio más grande del país está a 277% de su capacidad.

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