Cancún, QR. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que están preparados ante cualquier recurso que se pretenda imponer en contra del proyecto del Tren Maya.

“Desde ahora se está haciendo todo de manera tal que no haya resquicios legales que puedan servir para frenar el proyecto mediante amparos o cualquier otro recurso”, dijo.

Aseguró que existen muchos grupos interesados en detener esta obra, una de las principales de la administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, evitó precisar nombres.

Explicó que están en proceso un sinnúmero de estudios para anticipar cualquier eventualidad inherente al proyecto. Tan sólo las prospecciones arqueológicas que deberá realizar el Instituto Nacional de Antropología e Historia implicarán un gasto de más de 70 millones de pesos, lo cual es necesario para descartar afectaciones al patrimonio histórico del país.

Los resultados de todos los estudios servirán para ingresar a más tardar durante el cuarto trimestre de este año la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que será la que determine la viabilidad del proyecto en el tramo sin vía que va de Escárcega, en Campeche, a Cancún en Quintana Roo. El otro tramo, que va de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán, pasando por Mérida, no requerirá estudios de impacto ambiental porque ya existe una vía férrea que es actualmente operada por Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, detalló el funcionario.

Tanto los estudios de impacto ambiental como las consultas con las comunidades originarias se realizarán en los términos que marca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.

Sólo hasta que concluyan todos esos procesos, añadió Jiménez Pons, se podrá iniciar la obra en el tramo sin vía, que es prácticamente la mitad del circuito de poco más de 1,500 kilómetros que conforma el proyecto del Tren Maya.

En riesgo

Previamente, el director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís Ortega, expuso a El Economista que el proyecto corre un alto riesgo de terminar judicializado, ya que al tratarse de un proyecto que es iniciativa del Ejecutivo federal, somete a una gran presión a la Semarnat, que es la que tendrá que evaluar y determinar si una obra de esta magnitud es viable en términos ambientales.

El Tren Maya, agregó, debe cumplir con una serie de pasos para poder llevarse a cabo. En primer lugar, realizar los estudios de impacto ambiental y que posteriormente obtengan un resolutivo favorable de Semarnat.

Se debe también consultar a los pueblos indígenas en términos de la ley, y en concordancia con el convenio 169 de la OIT; además, se deben respetar los usos de suelo existentes a lo largo de todo el recorrido del tren, y cerciorarse de que lo cambios de estatus en terrenos forestales sean apegados a derecho, ahondó.

Aunado a ello, debe quedar claro cómo se va a evitar la afectación en las áreas naturales protegidas como la de Calakmul en Campeche, además de clarificar las soluciones técnicas para un proyecto de esta magnitud en un suelo kárstico o poroso como el de la península de Yucatán, manifestó Alanís Ortega.

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