Durante el año pasado, en el ejercicio del gasto federalizado, las entidades federativas y los municipios registraron un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 39,764.0 millones de pesos, destacando Nuevo León y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), con los mayores montos de observaciones, y Colima y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, con los coeficientes más altos en el indicador monto observado/muestra auditada.

De acuerdo con el informe “Gasto federalizado: Resultados de su fiscalización de la Cuenta Pública 2018”, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para la primera y segunda entregas de los informes individuales se realizaron 676 auditorías al gasto federalizado, cuyo monto observado fue de 39,764.0 millones de pesos, cifra que se integra por 38,662.4 millones de monto por aclarar (sujeto a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la recuperación de los montos) y 1,101.6 millones de recuperaciones operadas.

Este último concepto corresponde a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la revisión, con motivo de la intervención de la ASF, siempre y cuando exista un documento proporcionado por la entidad fiscalizada que lo demuestre.

Así, 58.8% del monto total observado fue determinado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, 38.9% en las de cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera (auditorías no financieras) y el restante 2.3% a la distribución de las participaciones federales.

En este sentido, de las 676 revisiones realizadas, el universo seleccionado para la transferencia de recursos fue de 637,875.3 millones de pesos y la muestra auditada de 576,624.1 millones (90.4%); sobre el ejercicio de los recursos, el universo seleccionado fue de 330,386.5 millones y la muestra auditada de 266,990.9 millones (80.8 por ciento).

Es importante aclarar que el gasto federalizado se integra por los recursos federales transferidos a las entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. En el 2018 su monto fue de 1.97 billones de pesos, de los cuales 1.12 billones (57.1%) corresponden al gasto programable (se integra por fondos y programas, cuyo destino está condicionado en los términos establecidos por su normativa) y 844,045.2 millones (42.9%) a las participaciones federales —gasto no programable— (son de libre administración y destino y se utilizan en los fines y objetivos definidos en los presupuestos aprobados por los congresos locales y los cabildos).

El gasto programable son las aportaciones federales, los convenios (de descentralización y de reasignación) y los subsidios.

Resalta que el gasto federalizado que reciben las entidades federativas significa, en promedio, aproximadamente 77.0% de sus ingresos totales, mientras en municipios, 67.2%, pero en los de mayor rezago social, que son la mayoría, es superior a 90.0% de sus ingresos totales.

La fiscalización del gasto federalizado, en la Cuenta Pública 2018, según la ASF, considera el proceso de distribución y transferencia de recursos de los fondos de aportaciones federales a los municipios, así como de las participaciones, de la Federación a las entidades y de éstas a los municipios; la revisión integral del proceso de gestión de los recursos, que, además de su transferencia a los ejecutores, incluye también su ejercicio; la gestión de los fondos y programas por parte de las dependencias federales coordinadoras, y auditorías no financieras.

Frontera norte, a la cabeza

Por entidad, los mayores montos observados en las auditorías practicadas para la primera y segunda entregas de los informes individuales, que se interpretan como un probable daño a la hacienda pública federal, fueron en Nuevo León (5,067.9 millones de pesos), San Luis Potosí (3,757.9 millones) y Tamaulipas (3,745.7 millones).

Al otro extremo, los menores montos se registraron en Sonora (31.7 millones), Querétaro (31.9 millones) y Zacatecas (65.2 millones). Entre el primer y último lugares (Nuevo León y Sonora) hay una diferencia de 160 veces.

Al comparar el monto observado entre la muestra auditada, resulta que los mayores porcentajes se dieron en Colima (18.4%), Oaxaca (10.8%), Nayarit, Puebla (cada uno con 9.2%) y Coahuila (8.8%); el promedio nacional fue de 4.2 por ciento.

En los menores coeficientes destaca Nuevo León (0.5%) —junto a Querétaro y Sonora (ambos con 0.3%)—, debido a que, si bien ostentó el mayor monto, la parte proporcional con la muestra auditada es baja; Guanajuato y Zacatecas ostentaron una relación menor a 1.0 por ciento. Lo anterior significa que estos estados manejaron una gestión transparente de los recursos federales.

Sin comprobar gasto

Los principales conceptos observados en el gasto federalizado durante el 2018 fueron falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto (67.5% de 39,764.0 millones de pesos); recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesofe (13.5%); pagos improcedentes o en exceso (6.3%), y transferencia de recursos a otras cuentas bancarias (3.4 por ciento).

Por fondo y programa

En el gasto federalizado programable, el monto observado más elevado por fondos y programas el año pasado fueron Fortafin (7,431.5 millones de pesos), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (4,935.2 millones), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (2,471.7 millones), Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (1,763.1 millones), Fondo de Aportaciones Múltiples (1,640.4 millones) y Escuelas al CIEN (1,065.9 millones).

Sobre el indicador monto observado/muestra auditada, los principales valores fueron Programa para el Desarrollo Profesional Docente (35.5%), Programas de Cultura en las Entidades Federativas (22.0%), Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (19.3%), Fortafin (16.9%) y Escuelas al CIEN (13.9 por ciento).

De los fondos y programas sobresale el Fortafin, que es parte del Ramo 23 en su componente federalizado, que a su vez es parte de los subsidios y del gasto federalizado programable. Este fondo tiene como objetivo atender las solicitudes de recursos de las entidades y, en su caso, de sus municipios para fortalecerlos financieramente, así como para impulsar la inversión.

De acuerdo con la ASF, en el 2018, con información de la cuenta de la hacienda pública federal, fueron ejercidos por el fondo 50,172.1 millones de pesos, que significaron 48.8% de los 102,831.1 millones, del Ramo 23 federalizado. Cabe señalar que el monto aprobado originalmente del Fortafin fue de 2,537.8 millones de pesos, por lo que el monto ejercido incrementó en 1,877.0% respecto del aprobado.