El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dio a conocer su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2019: Complicidad legislativa, en el cual señala un abuso sistemático entre los recursos presupuestados y ejercidos por las entidades, mientras que los congresos locales no hacen nada por detener el abuso en el ejercicio de los recursos públicos, a pesar de que cada trimestre conocen las variaciones injustificadas.

"La complicidad legislativa crea el peor escenario: los diputados no usan sus facultades para emitir opiniones respecto al ejercicio del gasto y no llaman a comparecer a los secretarios de finanzas para justificar las variaciones excesivas. En 90 rubros de gasto, los estados tuvieron variaciones superiores al 1,000%", advirtió Imco.

El análisis del instituto detectó grandes variaciones entre lo presupuestado y lo gastado por las entidades en el 2018. Por ejemplo, a la mitad del año, Guerrero gastó 482 veces lo presupuestado para ceremonias oficiales, y para el cierre del año ejerció 1,899 veces lo aprobado por su Congreso.

Mientras que para el primer trimestre del año Sinaloa ya había gastado siete veces su monto presupuestado para la compra de vehículos de transporte. En diciembre del 2018, alcanzó los 146,000 millones de pesos, 23 veces su presupuesto inicial.

En el caso de Puebla, en los primeros tres meses del año, la entidad gastó 48 veces lo presupuestado para todo el 2018 en publicidad oficial. Al cierre del año, el gobierno ejerció 453 veces lo aprobado por su Congreso.

Tlaxcala se gastó 85 veces lo presupuestado originalmente para la compra de mobiliario (equipo de cómputo, estantes, escritorios, entre otros).

Por otro lado, en el primer semestre del 2018, Chihuahua gastó 72 veces el presupuesto aprobado para la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, industrial y de construcción, sin embargo, para diciembre ya había gastado 582 veces el monto aprobado para dicho rubro.

Finalmente, a inicios del 2018 el gobierno de Tamaulipas tenía presupuestado 12 millones de pesos para servicios generales, que incluye el pago a cubrir servicios de defunción, impuestos para adquirir bienes extranjeros, pago de multas, intereses, entre otros, sin embargo, a los tres meses ya había gastado 18 veces más de lo presupuestado.

A la mitad del año llevaba 30 veces su presupuesto y a fin de año ejerció 60 veces su monto aprobado para servicios generales.

El análisis advierte que a pesar de que los congresos cuentan con la información sobre el gasto no frenaron esta mala práctica, y esto se podría deber a que no han regulado sus propias atribuciones para aprobar o negar las modificaciones al presupuesto realizadas por las secretarías de finanzas.

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