Cancún, QR. Desde octubre del 2016, Aguakán inició un litigio por la defensa del título de concesión de agua potable en cuatro municipios de la zona norte de Quintana Roo, interrumpiendo desde entonces el pago de la contraprestación por este contrato con la administración estatal. El dinero ahora es depositado en los juzgados donde actualmente se ventila el caso.

Ello ha obligado al gobierno de Quintana Roo a tener que cubrir con recursos federales los ingresos que desde entonces ha dejado de percibir la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la cual destinaba el dinero de la contraprestación de Aguakán al pago del crédito de 560 millones que CAPA adquirió durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

Esto quedó consignado en el reporte de julio de este año de la firma HR Ratings, en el cual le asigna la calificación “HR BBB” con perspectiva Estable a CAPA, principalmente, por el respaldo financiero que le brinda el gobierno del estado para su operación, que tiene a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado en siete de los 11 municipios de Quintana Roo.

HR Ratings especifica que el apoyo consiste en haberle cedido los ingresos por la contraprestación de Aguakán como fuente de pago primaria del crédito de 560 millones de pesos con Interacciones, así como 2% del Fondo General de Participaciones como fuente de pago secundaria; además del apoyo operativo al realizar diversas obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Sin embargo, dicho crédito forma parte de las investigaciones por desvío de recursos que se le siguen al exgobernador Borge Angulo y su equipo de colaboradores, ya que el propio exdirector de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, es investigado porque durante su gestión los 560 millones de pesos del referido crédito se transfirieron a la Secretaría de Finanzas y Planeación y, a partir de ahí, se les perdió el rastro.

Es decir, desde octubre del 2016, el gobierno del estado está obligado a cubrir el monto de un crédito que al parecer nunca se utilizó para lo que originalmente fue solicitado, ya que forma parte de las investigaciones por desvíos desde CAPA, los cuales alcanzan los 1,610 millones de pesos.

Además del desvío del crédito, la Secretaría de la Contraloría también ha denunciado la “desaparición” de los 1,050 millones de pesos que Aguakán pagó al gobierno de Quintana Roo en el 2014, cuando Roberto Borge Angulo amplío la vigencia de la concesión de agua potable a Aguakán hasta el año 2052, además de que la concesión se le extendió al municipio de Solidaridad, pues originalmente operaba sólo en Benito Juárez e Isla Mujeres.

Incumplimiento

Gerardo Mora Vallejo, director de CAPA, dijo a El Economista que en tanto no se resuelva el litigio con Aguakán, el gobierno estatal continuará haciéndose cargo de los servicios de la deuda de CAPA para evitar caer en el incumplimiento.

Dos municipios de Quintana Roo iniciaron un procedimiento para el retiro de la concesión de agua potable y alcantarillado a Aguakán; en Solidaridad, por la supuesta ilegalidad con que le fue otorgado el contrato de concesión y en Puerto Morelos, por tratarse de un municipio de reciente creación que no quiere heredar un servicio privado, que se negoció cuando formaba parte de Benito Juárez.

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