Querétaro, Qro. Tras seis años de que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el estado aún tiene rezagos en su implementación. 

El presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro (AFEQ), Tomás Cisneros Medina, refirió que hasta 50% de las compañías que están obligadas a cumplir con la legislación, estarían en condiciones de incumplimiento. 

“Es un tema del que las empresas deben estar muy pendientes, hay muchas empresas hoy en día que tienen desconocimiento de que hay que cumplir con esa ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso es una ley que entró en vigor desde el 2013, sin embargo, hay muchísimo  incumplimiento por desconocimiento de la ley", abundó.  

Las multas por incumplir, dijo, varían, pero incluso podrían oscilar desde 12,000 hasta 900,000 pesos por cada mes de incumplimiento.  

“Por desconocimiento totalmente, porque por ejemplo hay muchísimos arrendadores que están obligados y no saben que están obligados, la persona física que va y renta su local a lo mejor por ciertos montos, está obligado, pero no se da cuenta de la existencia de esta ley hasta que les llegan los requerimientos y las multas que son incluso muy altas”, refirió. 

Le ley define que las compañías vulnerables que afecta a las empresas o industria son: casinos, constructoras, inmobiliarias, tiendas departamentales, despachos jurídicos y contables, tiendas de autoservicio, prestadoras de servicios de cobranza, empresas de seguridad privada, casas de préstamo o empeño, entre otras.  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enlista como actividades vulnerables las que manejan recursos en relación con desarrollos inmobiliarios, juegos y sorteos, tarjeras de servicio y crédito, tarjetas de prepago y cupones, cheques de viajero, blindaje, inmuebles metales y joyas, obras de arte, vehículos, servicios profesionales, donativos, arrendamiento de inmuebles, comercio exterior.  

El especialista explicó que a través Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se han generado mecanismo para detectar casos de lavado de dinero, incluso por requerimiento de organismos internacionales que han solicitado al país que incrementen los controles de detección.   

En este sentido, el SAT otorgó un plazo que vence el 31 de julio para que los contribuyentes que realizan actividades vulnerables cumplan con la Ley Antilavado, planteando que se perdonarían las multas a los contribuyentes que cumplan con un proceso de autorregulación y con la legislación.  

A nivel estatal, la UIF investiga los presuntos vínculos de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros con actividades de lavado de dinero, compañía cuyo corporativo está instalado en el estado.  

De acuerdo con el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, entre los 2 millones de cuentas contabilizadas a dicha sociedad, se han detectado ocho casos  de lavado de dinero, por  lo que se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el bloqueo de las cuentas detectadas. 

Otras afectaciones  

También en materia fiscal, las facultades del SAT para cancelar Certificados de Sello Digital (CSD), a causa del incumplimiento de obligaciones, –refirió el presidente de la AFEQ- ha puesto en apuros a compañías, principalmente a las de comercio exterior. 

“Ahora se vino una oleada de cancelación de certificados por esos motivos y pues obviamente eso impacta mucho en las empresas que no puedan facturar, hay empresas que, por ejemplo, exportan productos y no pueden emitir la factura y las mercancías muchas veces se quedan detenidas en aduanas por esta situación”, expuso.  

En Querétaro, existen aproximadamente 83,076 unidades económicas, de las cuales 99.6% son micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el Directorio Nacional de Unidades Estadísticas. 

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