El gobierno federal elabora una nueva política de vivienda destinada a las entidades federativas del país, como parte de su apuesta por generar un mejor desarrollo urbano, aunque para poder implementarla se necesita la participación de las administraciones estatales y municipales, así como de la Iniciativa Privada (IP), aseguró Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu.

En el marco del Foro para la Transformación Urbana, la funcionaria federal explicó que se trabaja en la elaboración del Programa Nacional de Vivienda —se dará a conocer en diciembre de este año—, que fungirá como guía de los gobiernos locales para que efectúen la construcción y la rehabilitación de hogares habitacionales, “se busca evitar que se sigan sumando terrenos irregulares, en promedio anualmente se unen más de 90,000 nuevos asentamientos en todo el territorio nacional”.

Detalló que esta nueva apuesta está centrada en siete ejes: tenencia; disponibilidad en servicios; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación, y adecuación cultural.

“Buscamos que las viviendas que estemos promoviendo estén bien localizadas, que le den certeza jurídica a las familias, que tengan adecuación cultural. No es lo mismo lo que necesita una comunidad maya en la península de Yucatán que lo que necesita una comunidad en el norte del país”, dijo Arvizu Machado después de su participación en la mesa “La coalición por la transformación urbana: Retos y oportunidades en la agenda urbana para las ciudades mexicanas”.

“La ubicación es fundamental, se busca que las personas puedan estar cerca de fuentes de empleos, de escuelas, clínicas de salud, de transporte público, todo lo que necesitan para tener una vida cómoda, que sea accesible”, agregó.

Con este modelo, acotó, también se quiere que la población de los estados acceda a nuevos mecanismos de financiamiento y que las viviendas que se vayan a desarrollar estén cerca de centros de trabajos y de servicios públicos.

Para poder garantizar esta implementación, Carina Arvizu puntualizó que se trabaja en paralelo con el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde la primicia es que haya un desarrollo ordenado y planeado, “para ello se debe dotar de instrumentos a los gobiernos locales”.

Añadió que para darles mayores facultades a estados y municipios se deben considerar los planes o programas municipales de desarrollo urbano que están a cargo de la dependencia, “son un buen punto de partida para que se optimicen las estrategias recaudatorias”.

Enfatizó que no se puede cambiar el modelo de desarrollo urbano y de vivienda sólo con la actuación del sector público, se necesita la IP, y que se den propuestas.

“Necesitamos mucho apoyo, sobre todo necesitamos mucha coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, también estamos trabajando con los organismos estatales de vivienda. Igual a través de la Comisión Nacional de Vivienda estamos trabajando para que más personas con menores ingresos se vean beneficiadas. Necesitamos la IP para que se sume a esta causa”, expuso.

En equipo

En la misma mesa, Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México, señaló que es importante que todos los sectores de la sociedad se unan para cambiar el esquema actual de desarrollo urbano.

También se necesita, refirió, evaluar todas las acciones que la IP, la academia y el gobierno han efectuado en los últimos y que no han funcionado, por ejemplo, “la mayoría de las entidades no cuenta con un instituto de planeación urbana, a excepción de Jalisco”.

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