Finalmente, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocó el acuerdo mediante el cual el Instituto Electoral del mismo estado había autorizado la consulta pública sobre la operación de plataformas digitales de transporte en Cancún. 

El instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) tendrá que volver a realizar el análisis y fundamentar con el apoyo de colegios de profesionistas la trascendencia de la consulta más allá del municipio de Benito Juárez, haciendo ya muy difícil que la consulta se realice el 1 de julio como originalmente estaba planeada

La sesión realizada a las 14 horas concluyó con el voto unánime de los magistrados mediante el cual decidieron que el Ieqroo, el cual había aprobado la consulta con un presupuesto de 12.7 millones de pesos, no tomó en cuenta el impacto de este ejercicio en otros municipios del estado, es decir, aprobó la consulta mediante un análisis superficial del tema, además de que tampoco consideró el impacto económico en quienes actualmente ya prestan el servicio de transportación en Cancún. 

La Presidenta del Tribunal, Norma Cerón González expone en el fallo que se declara la acumulación para su resolución los expedientes JEC/001/2018, JEC/002/2018 y JEC/003/2018 y se les dé copia certificada a todos los actores; se revoca el acuerdo del Instituto Electoral de fecha del 10 de abril 2018 que determinaba el 1 de julio como fecha para la consulta.

Además, se ordena al Ieqroo realice de nueva cuenta el análisis del oficio de trascendencia de la consulta y solicite a los colegios especialistas en la materia, a fin de evitar la afectación a otras demarcaciones.

Otras de las las justificaciones para echar atrás el proyecto fue que el Ieqroo no consultó al Instituto Nacional Electoral (INE) para la consulta, ya que al pretender realizarla el 1 de julio la vuelve una ejercicio concurrente con las elecciones federales; tampoco se establecieron normar de contingencia en caso de disturbios el día de las votaciones.

Por último, los promoventes de la consulta no hicieron el ejercicio extensivo a todos los ciudadanos del estado, lo cual vulneró los principios de legalidad y certeza de los ciudadanos.