Monterrey, NL., Con el propósito de establecer la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, así como instituir en el Tribunal de Justicia Administrativa una sala especializada en materia de anticorrupción, el Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta reformas a la Constitución Estatal que crea el Sistema Estatal Anticorrupción.

El dictamen fue presentado ante el pleno del Poder Legislativo por los diputados Héctor García García, Hernán Salinas Wolberg, Samuel Alejandro García Sepúlveda y Yanira Gómez.

La Fiscalía General de Justicia será un organismo autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la ley.

Los cargos de Fiscal General de Justicia del estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales sólo son renunciables por causa grave, y la renuncia será sometida a la consideración del Poder Legislativo de la entidad.

El Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la dependencia del Ejecutivo del estado responsable del control interno; por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6? de la Constitución local; así como por un representante del Consejo de la Judicatura del estado y tres del Comité de Participación Ciudadana.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; los integrantes del Comité durarán cinco años en sus cargos y sólo podrán ser removidos por las causas graves que prevea la ley de la materia.

El Comité de Selección del Sistema deberá integrarse por nueve ciudadanos.

Además, se le dará a la Auditoría Superior del Estado facultades para revisiones en tiempo real y para actuar para denunciar y sancionar sin esperar el aval del Congreso, la extinción de dominio y la declaración patrimonial 3 de 3 de los funcionarios públicos.

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