Guadalajara, Jal. Mientras ejidatarios de El Zapote mantiene un añejo conflicto legal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por el pago de 307 hectáreas que el gobierno federal les expropió para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, los comuneros abrieron un nuevo frente de batalla, ahora con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

El nuevo litigio inició el pasado sábado 31 de marzo, cuando el grupo concesionario que administra y opera la terminal aérea tapatía, cercó con una malla, un terreno de 50 hectáreas, que es independiente a la superficie por la cual reclaman el pago a SCT.

“Es un despojo, hay flagrancia en los delitos, hay denuncias penales ya en Fiscalía del Estado, en la Procuraduría General de la República. las violaciones son muy fuertes y se van a poner quejas en Derechos Humanos y vamos a ir con el fiscal anticorrupción”, denunció el representante legal de El Zapote, Maximiliano Lomelí Cisneros.

“A través de un oficio que les otorgó el licenciado Sergio Salvador Peña Sánchez del fuero común, ni siquiera es un juzgado de distrito, acompañados de policías estatales, con el despacho privado del secretario general de Gobierno, eso les da todas las facilidades para que tomen un predio que es de los ejidatarios porque está en documentación y forma parte de la ampliación que tiene el ejido a su favor”, detalló.

“Llegan con atropellos, con amenazas, con lujo de violencia, lo toman (el terreno) el sábado, en plena Semana Santa (...) No traían orden judicial, no llevaban peritos, carecían de muchas cuestiones técnicas para empezar a delimitar un predio de esas características”, aseveró Lomelí Cisneros.

Niegan acto

Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico negó que haya cometido “despojo” de la superficie de 50 hectáreas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A través de un comunicado, el grupo concesionario aclaró que tiene la legal propiedad del terreno conocido como La Presa, mismo que fue comprado para el gobierno federal en 1982 por el Organismo Público Descentralizado, Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

“El 29 de junio de 1998 fue concesionado a Aeropuerto de Guadalajara SA de CV, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla, concesión que obliga a esta concesionaria a vigilar, usar, administrar y explotar todos aquellos bienes que integran dicha terminal aérea dentro de los cuales se encuentra La Presa”, indica el comunicado del GAP.

Al explicar la razón por la cual fue enmallada la superficie, el grupo afirmó que “La Presa resulta de gran relevancia para la terminal aérea, pues colinda directamente con instalaciones críticas de ésta tales como el radar secundario, la pista de rodamiento y la pista de despegues y aterrizajes, entre otras y, ahora, es parte fundamental del proyecto de ampliación del aeropuerto”.

No obstante, el expresidente del Comisariado Ejidal, Nicolás Vega Pedroza, señaló a El Economista que dicha información es falsa y afirmó que los terrenos mencionados forman parte de la ampliación del ejido desde 1937, misma que fue reconocida por el gobierno federal durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa.

“Son parte de la ampliación del ejido de 1937 que le entregamos a Felipe Calderón y ordenó que se hicieran los planos definitivos. Desde 1996 estamos sembrando ahí sorgo y maíz; hay 35 ejidatarios ahí que es su patrimonio”, enfatizó Vega Pedroza.

Asimismo, añadió que a partir del próximo viernes, los ejidatarios seguirán con las marchas de protesta para exigir que SCT les pague lo que les adeuda.

 

Cobro de Predial, disputa en pausa

Guadalajara, Jal. Entre los múltiples litigios que ha enfrentado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara destaca la disputa con el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, donde se encuentra asentada la terminal, debido a que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se niega a pagar el impuesto Predial y las licencias concernientes a la operación del estacionamiento y establecimientos comerciales.

El grupo concesionario argumenta que como concesión federal no está obligada a pagar impuestos y derechos municipales, por lo que el ayuntamiento ha buscado reformas legales que, sin embargo, no procedieron en la Cámara de Diputados.

En octubre del 2016, el entonces presidente municipal, Alberto Uribe, dijo a El Economista que los aeropuertos de todo el país deben pagar al menos 1% del recurso que los grupos concesionarios pagan al gobierno federal a los municipios donde se encuentran asentados las terminales, a fin de destinarlo al desarrollo de infraestructura.

De hecho, desde el 2010, cuando Uribe Camacho era síndico de Tlajomulco, emprendió, sin éxito, un proceso legal contra GAP para obligarlo a pagar impuesto predial.

Entre ese año y el 2016, el ahora alcalde con licencia de Tlajomulco llevó a cabo un cabildeo tanto con presidentes municipales de todo el país donde se asientan las terminales aéreas, como con legisladores federales, para exigir que se modifique la ley referente a puertos, aeropuertos y se obligue a los concesionarios a pagar contribuciones al municipio.

No obstante, desistió luego de que la iniciativa fue rechazada y afirmó: “Mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras el gobierno federal no quite el darle prioridad a los inversionistas de aeropuertos sobre los municipios donde están asentados, la batalla va a ser muy complicada”.

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