Ensenada, BC. Trabajadores del campo del Valle de San Quintín, situado al sur de Ensenada, en Baja California, solicitarán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su intervención para que investigue las condiciones de trabajo en las que los mantienen las empresas agrícolas del estado, las cuales, aseguran, continúan violando sus derechos laborales.

El vocero de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social, Fidel Sánchez, dijo que las denuncias persisten por parte de los campesinos a pesar de que hace un año se pactó con autoridades federales y estatales para frenar los abusos patronales, además de un aumento salarial.

"El problema continúa y por eso lo estamos denunciando, pero si el problema sigue a pesar de los acuerdos es hora de que intervenga una autoridad internacional. Lo único que queremos es que alguien neutral vigile las acciones de las empresas y las condiciones de nuestros hermanos jornaleros", advirtió.

El secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), Lorenzo Rodríguez Jiménez, aseguró que el cumplimiento de los acuerdos entre los campesinos y autoridades no se ha concretado, porque el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, protege a las empresas agrícolas.

Como ejemplo explicó que Manuel Valladolid Seamanduras, quien se vincula a la agroempresa Rancho Valladolid, está al frente de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Baja California.

Además del sindicato local, en la solicitud para la intervención de la OIT se trabaja de manera coordinada con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que dará seguimiento a la petición, ya que se requiere encontrar espacio oportuno para que el organismo internacional recorra no sólo San Quintín, sino la entidad, detalló.

"La necesidad nace porque el problema persiste y vemos que no es sólo San Quintín, el problema va más allá de un poblado porque la falta de sensibilidad es contra todos los trabajadores del campo, es necesario que alguien venga y haga cumplir la ley y los derechos de los campesinos mexicanos", apuntó.

La petición surge a raíz de que durante la convención de Ginebra, tanto en la del 2015 como la de este año, abogados representantes de los campesinos en México expusieron el tema ante el organismo internacional de derechos humanos, como una falla grave del estado mexicano ante los campesinos y su dignidad.

En marzo del año pasado, jornaleros del Valle de San Quintín se movilizaron con marchas y protestas para denunciar abusos patronales y exigir mejores condiciones laborales, lo anterior significó un paro laboral que duró un par de semanas así como enfrentamientos entre los campesinos y oficiales estatales.

El conflicto, aparentemente, terminó cuando los trabajadores y autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron un aumento salarial, que a la fecha, aseguran los jornaleros, no se ha compuesto en su totalidad.