Autoridades capitalinas presentaron el “Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que transgreden el ejercicio de Derechos durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México”, el cual también ayudará a proteger a los establecimientos y la propiedad privada de la urbe, los cuales en ocasiones anteriores han resultado afectados.

En videoconferencia de prensa, el secretario de Gobierno de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real, explicó que para desarrollar el acuerdo se consultaron a especialistas y organizaciones privadas, donde destaca la participación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ONU. Destacó que el objetivo del acuerdo es el de prevenir actos violentos, erradicar el abuso de autoridad, así como propiciar de mayor manera el diálogo.

El funcionario local detalló que de manera previa al desarrollo de este nuevo acuerdo, se trabajó con la Iniciativa Privada (IP) para cuidar la infraestructura de los negocios.

“Bueno, de manera muy puntual, en eso sí ha habido avances desde hace algún tiempo, en generar una coordinación de acciones entre la IP, el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el apoyo de la Secretaría de Obras, de la Secretaría de Gobierno, de la propia autoridad del Centro Histórico, a efecto de poder generar estas condiciones de resguardo de lo que llamaríamos el Patrimonio Urbano del Centro de la Ciudad”, dijo. 

Cabe señalar, que el acuerdo tiene tres elementos: prevención y planificación previa a la manifestación para implementar acciones en conjunto con organizaciones y sociedad; capacitación, formación y especialización de policías capitalinos para implementar medidas efectivas; y la transparencia y rendición de cuentas en el actuar policial.

En ese sentido, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Félix Arturo Medina Padilla, dijo que entre las disposiciones oficiales a seguir, destaca el encauzamiento;  “tiene el objeto de que no se detenga toda la movilización, no es una aspiración ir a lado de una expresión pública todo el tiempo, sino únicamente cuando hay una comisión de una conducta que puede atentar contra los propios manifestantes”.

“Si esto no funciona, si una vez que se detecta una actuación que puede constituir un delito, porque puede que tengan los objetos y las cosas, pero no han dañado a alguien o no han atentado contra la propiedad privada, vamos a ir al diálogo y a tratar de convencer de que entreguen estos objetos, esas cosas para efecto de que puedan seguir con su expresión”, recalcó. 

Medina Padilla señaló que este instrumento también establece un mecanismo que tiene que ver con la entrega de objetos que puedan usarse para afectar, sobre todo a bienes y no a personas; “en caso de que no haya disposición de realizar la entrega, se tendrá que hacer una evaluación entre el personal de la Secretaría de Gobierno y SSC para retener estos objetos o encauzar a quienes los tienen para que no afecten la movilización”.

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kg