No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terrenos incendiados sin que hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente que el ecosistema se ha regenerado totalmente.

Así lo aprobó por unanimidad el pleno de la Cámara de Diputados en un paquete de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La enmienda prevé sancionar con el equivalente de 150 a 30,000 días de salario mínimo a quien realice en superficies afectadas por incendios cualquier actividad, uso y/o aprovechamiento distintos a la restauración dentro de los 20 años siguientes a aquél en que hayan sufrido un incendio.

Desde la tribuna, Arturo Álvarez Angli (PVEM) explicó a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que el cambio es indispensable porque en la práctica los terrenos incendiados son ocupados sin autorización alguna para un uso diverso del aprobado originalmente.

Se trata de hacer más drástica la medida legal para lograr el objetivo de regenerar el suelo siniestrado , precisó.

De ahí que la reforma al artículo 117 de la referida ley establece que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente ante la Secretaría del Medio Ambiente que el ecosistema se ha regenerado totalmente mediante los mecanismos que se establezcan en el Reglamento correspondiente.

Al fijar la posición de su partido, Francisco Pinto Torres (Panal) consideró que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de asumir las medidas más urgentes a su alcance para controlar, subsanar y prevenir los factores que destruyen los recursos forestales y, con ello, la propia sustentabilidad.

Por el PRD, Juan Rubio Quiroz explicó que los bosques y selvas mundiales están amenazados por la actividad humana, la degradación incontrolada, la conversión a otras formas de uso de suelo y, en mayor medida, por los incendios forestales a causa de las actividades irresponsables del ser humano.

La minuta se turnó a la Cámara de Senadores para su eventual ratificación o modificación.

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