Cancún, QR. El Tribunal Colegiado dio entrada a dos recursos interpuestos en contra de la fianza de 21 millones de pesos que fijó el juez cuarto de Distrito, Miguel Nahim Nicolás Jiménez, a 113 menores a los que se les concedió la suspensión definitiva de las obras en el millonario desarrollo inmobiliario Malecón Tajamar.

La acción legal favorece la suspensión de dicha fianza, además de poner en peligro el proyecto debido a que caducarán sus permisos ambientales.

Tan sólo el recurso de revisión se llevará aproximadamente tres meses en resolverse, por lo que es prácticamente un hecho que el conflicto se extienda más allá de febrero del 2016, fecha en que vence la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este desarrollo promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La síntesis pública del juzgado no especifica si la admisión de los recursos de revisión y queja interpuestos por los abogados de los 113 niños suspende automáticamente la aplicación de la fianza; sin embargo, Raymundo Gil Rendón, asesor jurídico de la asociación Salvemos Manglar Tajamar, asegura que de acuerdo con el artículo 102 de la Ley de Amparo, la suspensión de la fianza debe aplicarse automáticamente una vez que se admite el recurso.

Antecedente

Malecón Tajamar se mantiene suspendido luego de que el juez cuarto de Distrito con sede en Cancún otorgó en septiembre de este año la suspensión temporal de las obras en Malecón Tajamar a 113 niños que argumentaron su derecho a un medio ambiente sano; un mes después otorgó la suspensión definitiva, pero también fijó una multa de 21 millones de pesos a los niños para resarcir los intereses de los inversionistas que resultan terceros afectados en este juicio.

Malecón Tajamar obtuvo los permisos ambientales en el 2005 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizándole a urbanizar y fraccionar un predio de 58 hectáreas, que posteriormente comercializaría Fonatur a terceros desarrolladores para construir un total de 23 proyectos, desde centros comerciales, oficinas y estacionamientos, hasta torres condominales y una catedral de la Iglesia católica.

Los permisos del 2005 se otorgaron antes de que entrara en vigor en el 2008 el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre que elevó a carácter de especie protegida el manglar, prohibiendo su tala y desmonte, con penas incluso carcelarias para quien atente contra este hábitat.

La inversión aproximada de todos los proyectos en total es de 500 millones de pesos.

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