Cancún, QR. El auditor superior de Quintana Roo, Javier Zetina González, presentó este miércoles su renuncia luego de varias semanas de especulaciones en torno a su permanencia en el cargo.

Se trata del último funcionario en activo durante la actual administración estatal que había sido impuesto por el exgobernador Roberto Borge Angulo como parte del llamado paquete de impunidad, aprobado por la anterior legislatura estatal durante los últimos meses de su mandato.

Javier Zetina estableció que su renuncia era por motivos personales y por estar convencido del interés supremo de las instituciones antes que el de las personas .

En la breve carta dirigida al Congreso del estado, añadió que su renuncia se debe también a todos los acontecimientos políticos que en los últimos ocho meses se generaron en contra de mi nombramiento mismo que me otorgó esta misma soberanía, con fecha del 25 de junio de 2016, derivado del procedimiento establecido en la Constitución Política del estado y demás leyes en la materia .

Apenas El Economista dio a conocer que Zetina González estaba solicitando 20 millones de pesos adicionales a los 110 millones que le fueron asignados para el 2017 a la Auditoría Superior del Estado para reabrir 98 expedientes de la cuenta pública estatal 2015.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila, le contestó que no habría ampliación de recursos y que debía ajustarse a los recursos que ya le habían sido asignados a la dependencia.

Cabe recordar que el Congreso del estado ya había solicitado la renuncia del auditor, acusándolo de negligencia y falta de voluntad para investigar las cuentas públicas el exgobernador Roberto Borge, además de que estaban por iniciar un procedimiento para su destitución por vicios de procedimiento en su nombramiento por parte de la anterior legislatura.

Paquete de impunidad

El pasado 21 de junio de 2016, la XIV legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobaba en periodo extraordinario de sesiones lo que ya desde entonces se conocía como el paquete de impunidad del gobernador Roberto Borge.

En medio de airadas protestas que obligaron al despliegue de 500 elementos de Seguridad Pública estatal y Policía Judicial alrededor del recinto legislativo, los hoy exdiputados locales aprobaron en sesión a puerta cerrada en el salón de comisiones diversas reformas que tenían como objetivo impedir que el gobernador y demás funcionarios de su administración pudieran ser juzgados de manera clara e imparcial por los excesos cometidos a lo largo de 5 años de gobierno.

Entre las primeras medidas que se aprobaron fue enviar a los Cabildos de los 11 municipios que conforman el Congreso Constituyente del estado la iniciativa para crear la Fiscalía General del Estado (FGE), que sustituyó a la Procuraduría de Justicia del Estado, con el fin de imponer a un fiscal nombrado por el propio Borge Angulo, que evitara promover juicios en su contra o su gabinete de gobierno.

También se autorizaba al municipio de Solidaridad a refinanciar su deuda soberana, con lo cual se incrementaría de 725 a 1,030 millones de pesos los pasivos municipales.

En una sesión posterior, también a puerta cerrada y en un lujoso hotel de Cancún habilitado como sede alterna del Congreso, se aprobó el 24 de junio la elección del titular y suplente de la Auditoría Superior del Estado (Javier Zetina González), así como de dos magistrados numerarios y uno supernumerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, además del fiscal general del estado, así como la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del de Quintana Roo, como Órgano Jurisdiccional Autónomo para dictar sus fallos y con jurisdicción plena.

Con una mayoría de 20 votos, de un total de 25 que conforman la legislatura estatal, se aprobó el nombramiento de Felipe de Jesús Magaña Solís y Carlos Alejandro Lima Carvajal como magistrados numerarios y Ángel Ysidro Quintal como supernumerario.

También en esa sesión fue nombrado Carlos Lima como magistrado numerario pese a estar señalado de tener amplia participación en los despojos de terrenos y hoteles en Tulum, pues este personaje se desempeñaba antes de ese nombramiento como titular del Registro Público de la Propiedad en Quintana Roo.

Con la renuncia del auditor estatal, todas estas medidas ya han sido revertidas en su totalidad por el nuevo gobierno encabezado por Carlos Joaquín González.