El Congreso local de Guanajuato aprobó al Gobierno del Estado la solicitud que hiciera para la enajenación de diversos bienes inmuebles del Estado a favor de una empresa privada que proyecta desarrollar en Salamanca un parque industrial, zona de parque pymes, áreas comerciales y un hotel.

Se trata de la empresa denominada Bajío Industrial Park, S.A de C.V que desarrollaría el proyecto a la que se le enajenarían los terrenos mediante la figura jurídica de compra-venta, con el objetivo, justificaron, de respaldar las necesidades la creciente industria que se asiente en esa región, luego de que ahí operará a fines de 2013 o principios de 2014 la planta automotriz japonesa Mazda.

El dictamen precisa que el precio que se fije para la compra-venta no podrá ser menor al que establece el avalúo practicado por la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, y el plazo para ejercer esta autorización es de nueve meses.

En la última sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso se presentó también un Punto de Acuerdo por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que se turnó al análisis de la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y dictamen, en el sentido de exhortar a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, al Gobierno de Quintana Roo y al Ayuntamiento de Benito Juárez, para que revise el impacto ambiental y económico del proyecto comercial Dragon Mart Cancún, al cual ya manifestaron su rechazo el gobernador, Miguel Márquez, y el sector industrial del calzado.

En otro tema el Congreso aprobó una modificación legal para impedir que empresas privadas se amparen por inconstitucionalidad en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Y es que, de acuerdo a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local, Karina Padilla Ávila, los municipios del estado dejaron este año de percibir 94 millones de pesos derivados de los mil 350 amparos promovidos y ganados por varias empresas por cobro del DAP.