Buscando fortalecer la economía de Chihuahua, dado el complicado panorama económico actual, el gobierno estatal elaboró un proyecto para determinar y establecer criterios de racionalidad y eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público; es decir, un plan para decidir en qué deben emplearse los recursos públicos, cómo y de qué manera pueden brindar mayores beneficios para la entidad.

Se comienza a aplicar medidas de disciplina presupuestal permanente, para generar los ahorros necesarios y revertir la difícil situación financiera del estado.

Para el ejercicio fiscal de este 2017, los pasivos que se difieren ascienden a 4,812 millones de pesos, razón por la que ha sido necesario implementar medidas para sanear las finanzas públicas de Chihuahua.

Entre las acciones de la actual administración están la reestructuración de los pasivos del gobierno del estado, con lo que se proyecta una mejora en las finanzas de la entidad por 300 millones de pesos al año; la creación de la plataforma Transparencia Presupuestaria, con la que se pretende difundir la información indispensable para entes obligados, y transparentar la gestión pública.

Como parte de la estrategia del gobierno estatal, se instauró un programa de intervención administrativa, el cual plantea acciones como homologación y validación de servicios personales, control presupuestal en la entidad (universo de control del total de ingresos), seguimiento de recursos federales, validación y control de las adquisiciones y servicios (solicitud de validación de la Secretaría de Hacienda estatal), y análisis pormenorizado de los estados financieros (flujo de efectivo-deudores y acreedores).

Además, se plantea ejercer un control presupuestal estricto sobre el gasto corriente.

Como parte de las medidas de ahorro, se realizaron ajustes en el gasto público: se suspendió el pago de celulares a los funcionarios, la asignación de vehículos oficiales a servidores públicos reservando esa prerrogativa únicamente para la operación propia de las dependencias y organismos y se suspendió la adquisición de papelería.

En cuanto a los recortes del personal burocrático, se procedió a la cancelación de 513 plazas, pasando de 14,122 plazas a 13,609. Por otra parte, se crearon 457 plazas para habilitar el funcionamiento de las nuevas dependencias del gobierno centralizado de la Secretaría de Cultura, la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Municipal.

En resumen, como resultado de la cancelación y creación de plazas, se logró un ahorro de 13.6 millones de pesos al año.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda estatal lanzó planes de pago a plazos y programas de descuentos, aplicables a obligaciones atrasadas y a las correspondientes al año en curso.

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