Monterrey, NL.- La Asociación de Distribuidores de Automóviles (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), alertaron de que el gobierno de Tamaulipas y su Congreso local, pretenden brindar engomados a los vehículos usados, internados ilegalmente, los cuales circulan en dicho Estado de manera irregular, violando la Constitución, leyes Aduaneras, de Normalización y otras disposiciones en materia de control vehicular y de comercio exterior.

Por lo que AMDA y AMIA rechazan completamente esta medida y demandan que el gobierno de Tamaulipas cumpla con los compromisos vigentes, firmados en 2015 y 2016 con el gobierno Federal para acabar con este problema y no alentarlo.

Guillermo Rosales, director General Adjunto de AMDA, explicó que es una medida engañosa y recaudatoria que pretende recabar datos de los poseedores de vehículos ilegales, a cambio de un engomado que en ningún momento es equiparable con una medida de legalización.

Por ello, la estancia de estos vehículos en el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta; pese a estas premisas, se prevé que los vehículos tendrían que pagar alrededor de 1,500 pesos al año, a la secretaría de Finanzas de Tamaulipas, más el pago de una póliza de seguro.

Por su parte, Eduardo Solís, presidente de la AMIA informó que la justificación del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos es insostenible, ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la internación y comercialización de vehículos ‘chuecos’.

 En opinión de los representantes de las asociaciones del Sector Automotor, dicha iniciativa que pretenden las autoridades estatales de Tamaulipas y del Congreso local, violan el marco regulatorio fiscal del país y están incurriendo en delitos fiscales tipificados en el Código Fiscal de la Federación.

“Por todo ello las dos asociaciones solicitaron al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, así como a Osvaldo Santín Quiroz, Jefe del SAT y a Max Alberto Diener Sala, Procurador Fiscal de la Federación que intervengan en el ámbito de sus facultades para frenar esta engañosa regularización de vehículos 'chocolate'”, recalcaron.