A un año de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, que muchos ven como el inicio —no formal— de su gobierno por la influencia que tuvo en los últimos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, es complejo describir el saldo del sector energético, pero claramente se puede distinguir un protagonista: Pemex.

Un gigante herido, pero orgulloso. La petrolera estatal que hereda el presente gobierno carga una pesada loza: una deuda de más de 106,000 millones de dólares que vale más que sus activos, un rendimiento productivo en declinación y un sexenio marcado por la anémica inversión productiva que dejó el desplome de los precios del petróleo del 2015-2016.

Y con todo, el gobierno ha decidido renunciar, por ahora, al uso de las herramientas de la reforma energética para potenciar a la empresa. Ha dicho no a las asociaciones con el sector privado (farmouts) y en su lugar ha puesto su capital político y económico en un modelo de subcontratación de servicios para poner a trabajar un puñado de hallazgos petroleros que recibió de la administración pasada.

Todo esto frente a un sector financiero escéptico y nervioso por no tener más que algunas señales sobre a dónde se dirige Pemex (subcontratación de servicios, una nueva refinería), pero no una hoja de ruta bien definida con detalles sobre su destino final, las paradas que hará y los medios con los que se moverá.

Este guion se recrea en las otras áreas del sector energético, como la electricidad, en donde, por un lado, se cancelaron las subastas que servían para planear la oferta eléctrica futura con la participación del sector privado y, por otro, se dio marcha atrás a dos importantes proyectos de transmisión eléctrica que potenciarían la generación de energía renovable: la línea Istmo-Centro y la que uniría a la Península de Baja California.

Como en el caso de Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la apuesta es subcontratar el desarrollo de infraestructura de generación con privados a través de Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas), pero sin ceder más protagonismo a los privados a través de los mecanismos de participación surgidos con la reforma energética (como las referidas subastas eléctricas).

Estas apuestas, siendo legítimas, parecen arriesgadas, pero aún es prematuro juzgar su viabilidad. Por lo pronto presentamos aquí una primera relatoría de estos primeros pasos en el sector con el propósito de esbozar una imagen de partida que sea útil después para advertir avances y retrocesos en uno de los pilares de cualquier economía: el sector energético.