Desbordan ya las opiniones, a favor y en contra, tanto en las redes sociales, como en los medios impresos, cursos virtuales, conferencias, columnas y cualquier otro medio de comunicación, de las expresiones que, desde Palacio Nacional y otras oficinas gubernamentales, sentencian que inevitablemente: es indispensable el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, defenderlos de los intereses que pretenden debilitarlas y que, por tanto, se llevará a cabo lo necesario para dotarlas de elementos que les permitan un mayor crecimiento económico. Muy bien por las empresas productivas del Estado, pero, y los mexicanos, ¿cuándo?

Se ha comentado ampliamente la iniciativa preferente del Ejecutivo por la que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Existen diversas opiniones que señalan que, la iniciativa no solo es contraria a las disposiciones constitucionales vigentes, sino que ataca de manera directa, casi expropiatoria, a las inversiones en el país, afecta negativamente la economía mexicana y de todos los mexicanos, atenta contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, no garantiza la generación de electricidad en las mejores condiciones y, además, atenta contra nuestro derecho humano a un medio ambiente sano y sustentable.

Hay interpretaciones que las nuevas Disposiciones van en contra de la reforma energética de 2013, no sólo en materia de energías renovables o generación de electricidad, sino también en el sector hidrocarburos.

Ante el embate regulatorio, las empresas, organizaciones civiles e incluso órganos autónomos como Cofece, han impugnado por la vía judicial las diversas disposiciones que, en los hechos, anulaban la reforma energética de 2013, ante lo cual se han declarado suspensiones y en algunos casos, la inconstitucionalidad de tales disposiciones. En este tenor, en los últimos dos años se han tomado diversas decisiones en el sector energético, sólo por mencionar algunas: suspensión de rondas petroleras para el otorgamiento de bloques para exploración y extracción de petróleo y gas; la cancelación de subastas para la generación de energía eléctrica, que en su momento alcanzaron niveles tarifarios internacionalmente reconocidos y un porcentaje sin precedentes de energías limpias; la Política de Confiabilidad de Sener; también se han emitido regulaciones más estrictas para la importación y exportación de petrolíferos que podrían resultar en incentivos contraproducentes; en adición a la suspensión oficial de trámites administrativos de los órganos reguladores que mantienen sin resolución oficial una diversidad de procedimientos relacionados con los permisos, indispensables para cualquier actividad en el sector. Este silencio administrativo debió tomar en consideración que, con la llegada de la pandemia y las diversas medidas gubernamentales, el sector energético fue declarado como esencial y, por tanto, no sujeto a la cuarentena obligada, por su relevancia para la vida cotidiana y económica del país.

En este ambiente regulatorio, no obstante que fue declarada inconstitucional la Política de Confiabilidad de Sener, con los mismos argumentos y elementos, se presenta la iniciativa preferente de la Ley de la Industria Eléctrica.

Con la finalidad de conocer la opinión de los interesados, la Comisión de Energía citó a un Parlamento Abierto, en el cual se expresaron argumentos en pro y contra de la iniciativa.

Dicho Parlamento, mostró una polarización absoluta, la misma polarización que se vive, todos los días, en la calle, en los medios de comunicación y, en particular, en las redes sociales. Lo que llama la atención en el caso de la LIE es que, en ambas posiciones, a favor y en contra de la iniciativa de reforma; se argumenta la libre competencia como factor fundamental, unos en “defensa” de la CFE y otros, en favor del marco constitucional vigente. Al parecer, para algunos participantes del parlamento, la presencia de particulares en la generación de energía eléctrica, significa un monopolio de la actividad por parte de los privados. También escuchamos, por ejemplo, que una planta termoeléctrica puede llegar a contaminar igual que dos automóviles antiguos, rebasando cualquier argumento en favor de la lógica o el sentido común, que a veces no lo es tanto.

Llama la atención que los defensores de la iniciativa tienen un discurso idéntico, señalando constantemente el orden, la seguridad energética, la soberanía nacional, el supuesto monopolio por parte de la iniciativa privada, el control y privilegio de inversionistas extranjeros en detrimento de la Nación y la necesidad de “poner orden” a los permisos otorgados por la anterior administración.

Entre los argumentos en contra, con el texto en la mano es posible concluir que la Constitución tutela el derecho a un medio ambiente sano, las libertades de comercio e industria, la sustentabilidad y la competencia económica con la rectoría del Estado.

Hoy, la iniciativa de reformas ha sido ya aprobada por la Cámara de Diputados. Se anticipa que, en la Cámara de Senadores, será aprobada antes de que termine el mes de marzo. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, será pertinente estar atentos a las diversas acciones de control constitucional que, en su caso, sean interpuestas no solamente por parte de empresas afectadas directamente por la iniciativa sino, también por parte de colectivos y organizaciones de la sociedad civil que, en algún momento, podrían preguntar “…y los mexicanos, ¿cuándo?”

Valeria Vázquez es Socia Líder de la Industria de Energía de Deloitte Legal.

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