La iniciativa de créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos presentada por la administración del presidente Joe Biden abre un abanico de posibles violaciones, opinó Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Desde su punto de vista, la propuesta puede violar disposiciones sobre competencia económica, prácticas desleales de comercio, inversión o trato nacional. “Pero hasta que no se publiquen los detalles, esto se sabrá con precisión”, agregó Salinas.

El paquete legislativo más amplio de Biden de 1.75 billones de dólares contiene propuestas para ofrecer un crédito fiscal de 7,500 dólares para vehículos eléctricos fabricados solo en Estados Unidos a partir de 2026.

Otros 4,500 dólares corresponderían a créditos fiscales para la compra de coches eléctricos fabricados con mano de obra sindical.

Salinas comentó que habría que aclarar si esos créditos se dirigirían a la compra de autos producidos totalmente en Estados Unidos o simplemente ensamblados en Estados Unidos. También ponderó que para determinar en su momento si efectivamente existen violaciones por la iniciativa de Biden, se tendría que saber a quiénes exactamente van dirigidos los subsidios y qué implicaciones tienen con respecto a las importaciones estadounidenses.

A nivel global, las ventas de autos eléctricos crecieron 9% interanual en 2019, con más de 2 millones de autos vendidos, luego de varios años de un crecimiento anual de las ventas de más de 40 por ciento.

Si bien estos representaron 2.6% de las ventas mundiales de automóviles, existe una creciente demanda de este tipo de vehículos, particularmente a medida que aumenta la confiabilidad y disminuyen los costos. En este sentido, China fue el mercado más grande del mundo (1.06 millones de coches eléctricos vendidos en 2019), seguido de Europa (560,000) y Estados Unidos (326,000).

Según una investigación de la consultoría CRU, la producción anual de vehículos eléctricos crecería ocho veces entre 2019 y 2035.

“Grosso modo, están leyes de prácticas desleales de comercio, compromisos en materia de inversión y compromisos en lo que se llama trato nacional, y según a quién y cómo se dé el subsidio, pueden intervenir cuestiones hasta de competencia económica”, dijo Salinas.

Sobre este último punto, planteó que las mismas compañías estadounidenses, aquellas que no recibieran los beneficios de los subsidios, podrían reaccionar en contra.

“Se tienen que conocer los detalles de la propuesta. En qué exactamente entraría la discriminación. Si mañana dicen: ‘Me haces un auto eléctrico 100% estadounidense’. No lo pueden hacer en cinco años, por la serie de componentes que se abastecen del extranjero”, agregó.

roberto.morales@eleconomista.mx