Ante la falta de empleo y oportunidades en México, alrededor de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan corren el riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, alertó el sector patronal.

Es urgente que los legisladores dejen de lado la contienda lectoral y se convoque al periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, a fin de aprobar reformas prioritarias como la laboral que impulse la generación de empleos y la de lavado de dinero, así como la de seguridad nacional para combate del crimen organizado.

Alberto Espinosa Desigaud, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que la labor de los legisladores tiene que centrarse en la creación de oportunidades de empleo y generación de riqueza para los mexicanos, para eliminar la tentación, sobre todo en los jóvenes, de apreciar al desarrollo de actividades delictivas como opción de ocupación y supervivencia.

En México tenemos más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, por la falta de empleo y de oportunidades, con una oferta educativa que no satisface sus necesidades ni expectativas; muchos de ellos corren el riesgo de ser reclutados por el crimen organizado: no debemos permitirlo, sigamos trabajando para darles mejores oportunidades , demandó.

También, el líder patronal se pronunció por la creación del mando único policial en los estados y la aprobación de la ley de combate al lavado de dinero, así como la profesionalización de los ministerios públicos y la homologación de los códigos penales en los tres órdenes de gobierno, como parte de las acciones en materia de combate a la impunidad e ilegalidad.

La inseguridad pública es el mayor desafío que enfrenta México como Nación; es hora de hacer valer el Estado de Derecho , dijo.

La Coparmex trabaja a fondo para avanzar en ese cometido, a través del aprovechamiento de la red de 65 Centros Empresariales, 14 delegaciones y tres representaciones en todo el país, para la creación de observatorios ciudadanos del delito, con capacidad de gestionar sistemas comunitarios de detección y prevención de actos delictivos.

El objetivo principal es construir en cada entidad instrumentos de difusión de alertas sobre los delitos con mayor incidencia, zonas de riesgo y medidas preventivas; que sirvan a los ciudadanos para identificar avances y retrocesos en las políticas de seguridad pública; que la sociedad esté informada sobre la evolución de la situación y la efectividad e impacto de las acciones implementadas ; indicó.

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