Para facilitar el despliegue de infraestructura en municipios, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) creó un “reglamento modelo” que busca promover la homologación de trámites con la ventaja de que la ley de asentamientos humanos ya considera que la infraestructura de telecomunicaciones es compatible con cualquier uso de suelo.

Lo que sigue, según la dependencia, es que, con base en las modificaciones de dicha ley, a nivel estatal los gobiernos empiecen a modificar su reglamentación para alinearse y se empiece a destrabar el despliegue de infraestructura.

De los 2,400 municipios que hay en el país, todos están en el proceso de homologar sus leyes; la SCT tiene la expectativa de que a finales de año por lo menos cuatro municipios hayan logrado la homologación y simplificación de trámites.

Edgar Olvera, subsecretario de Comunicaciones de la SCT, explicó a El Economista que “para el despliegue de infraestructura, uno de los principales problemas a nivel municipal es el uso de suelo, debido a que si alguien quiere instalar una antena en un área residencial, el municipio pide uso comercial; en ocasiones, a nivel municipal puede llegar hasta el cabildo o Congreso estatal, hacer un cambio de uso de suelo, y se vuele un trámite muy complejo”.

El funcionario detalló que la nueva ley general de asentamientos humanos considera que la infraestructura de telecomunicaciones dentro del equipamiento urbano debe tener tratamiento igual que el alumbrado público, semáforos y banquetas por estar en igualdad de importancia.

Además, no elimina la clasificación de usos de suelo porque es importante para la planeación, pero agrega que las telecomunicaciones y radiodifusión son compatibles con cualquier uso de suelo, igual que la energía eléctrica o el agua potable.

“Se necesita cambios regulatorios, de trámites, pero el que cuesta más trabajo es el cambio cultural, de pensamiento y en eso estamos trabajando”, dijo.

Olvera dijo que, pese a que por ley de coordinación fiscal los municipios no pueden cobrar por otorgar licencias o permisos para desplegar servicios de telecomunicaciones y energía, y aunque idealmente sí deberían tener acceso a un cobro, regulado, es un tema que debe tratarse con la Secretaría de Hacienda y en esta primera etapa únicamente se busca por la vía de la homologación de trámites y de la cultura.

“Eso se está convirtiendo en el incentivo contrario porque lo que los municipios desean es cobrar, pero si no se lo permite la ley entonces acuden a prácticas que no tienen sustento, como inventar conceptos, como cobro por uso de postes, por la vía pública, etcétera”. Además, destacó que la SCT refrenda su facultad de emitir recomendaciones para este tipo de modificaciones a estados y municipios.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), acusó que los municipios ponen barreras para el despliegue de redes de telecomunicaciones.

“No podemos seguir teniendo barreras que obstaculizan el despliegue de redes”, dijo.

Por su parte, Altán Redes, AT&T México, Telcel y Telefónica demandaron la simplificación de procesos para el despliegue de fibra óptica e infraestructura, así como un ambiente de competencia efectiva y certidumbre en sus inversiones.

En auge, política inmobiliaria

Derivado de la política de arrendamiento de inmuebles para servicios de telecomunicaciones, ya suman 70 contratos con un valor superior a 2 millones de pesos anuales. En total son nueve estados los adheridos a dicha política y están “en fila”: Hidalgo, Durango y Campeche. La SCT está por iniciar negociaciones con Quintana Roo, Chiapas y Jalisco.

Además, el primer municipio que se suma al proyecto es Ecatepec. El gobierno de Querétaro busca incorporar a la política inmobiliaria a sus 18 municipios.

Entre federales y estatales, hay alrededor de 12,000 inmuebles, de los 22,000 que la dependencia espera alcanzar para finales de año.

El subsecretario Olvera dijo que incorporar a la política inmobiliaria a los municipios también es parte de la estrategia para destrabar el despliegue de infraestructura pues, al verse involucrados, “sería contrario” que entorpecieran la instalación de torres o antenas, pues ya habría una ganancia económica de por medio, pero sobre todo social, al poder dar conectividad a un mayor número de personas.

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