Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acusaron que hay una infinidad de denuncias formales que han presentado en contra de jueces y magistrados que son frenadas en su trámite legal con la finalidad de proteger a los titulares, bajo la justificación de que éstos cuentan con el principio de “presunción de inocencia” y su labor jurisdiccional no debe ser interrumpida con este tipo de acciones.

En su misiva, los trabajadores de órganos jurisdiccionales, quienes pidieron el anonimato ante evidentes represalias, precisaron que actualmente el Ministro Presidente, Arturo Saldívar, ha implementado diversos mecanismos legales para combatir la corrupción y tutelar a plenitud los derechos laborales de los servidores públicos de la institución contra actos de nepotismo, acoso laboral y sexual, violencia de género y corrupción.

Citan que para hacer efectivos esos instrumentos jurídicos, el Ministro Presidente derivó esa actividad a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, instancias que lamentablemente, lejos de acelerar las denuncias presentadas por trabajadores contra jueces y magistrados, entorpecen su trámite e investigación, con el injusto argumento de no haber aportado pruebas o no hicieron una petición concreta de hechos.

Puntualizan que de manera contraria, cuando los jueces o magistrados formulan quejas contra sus subordinados, les suplen toda deficiencia legal e inmediatamente inician con la investigación, lo que convierte a esos mecanismos legales en selectivos, elitistas y evidentemente vulneran en perjuicio de los subordinados, el principio de equidad y correcta tutela jurídica.

Aunado a ello, cuando resulta procedente una denuncia, la remiten al encargado de la Unidad General de Investigación, quien indebidamente y por ineptitud retrasa por largo tiempo las investigaciones. Inclusive, permite que se sigan cometiendo las conductas irregulares, pues no acuerda las medidas cautelares y de protección solicitadas por las víctimas de los hechos denunciados.

Un ejemplo actual de corrupción 

A manera de ejemplo, está el caso de la licenciada Altagracia Rodríguez Cuevas, trabajadora adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California, quien es objeto de violencia de género, acoso laboral y discriminación por parte del magistrado Jorge Dionisio Guzmán González, servidor público que sostiene que por sus relaciones con altos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, no lo pueden tocar y menos cambiarlo de tribunal o sancionarlo por las denuncias que presenten en su contra.

Situación de poder que ha impedido que se siga con la averiguación de la denuncia 256/2019 y procedimiento de investigación J/76/2019, así como las diversas denuncias anónimas formuladas por personal de ese órgano jurisdiccional, pues como se dijo, el Encargado de la Unidad General de Investigación indebidamente y dolosamente retrasa el trámite, lo que propicia que sigan los actos de acoso laboral, violencia de género y discriminación contra la licenciada Altagracia Rodríguez Cuevas.

Ante tal reiteración de actos de violencia ejercida por el magistrado Jorge Dionisio Guzmán González, de nueva cuenta la víctima Altagracia Rodríguez Cuevas, el 30 de noviembre de 2020, presentó denuncias contra el mencionado magistrado, sin que hasta el momento la Secretaría Ejecutiva de Disciplina acordara sobre su dimisión, lo que genera un completo panorama de impunidad y deja en total estado de indefensión a la citada servidora pública y al resto de sus subordinados. Ello pone en evidencia el ambiente de corrupción en el Poder Judicial y la vigencia de esa protección con la que se ufana el magistrado Jorge Dionisio Guzmán González.