Las inversiones por 86,161 millones de pesos en proyectos de telecomunicaciones, principalmente en telefonía y móvil (centros de datos, nube, conectividad), representan 54% de los recursos que los empresarios se han comprometido a ejecutar en los dos meses siguientes a que se anuncie formalmente el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con el Sector Privado.

En el documento presentado el martes en Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador no se detallan los nombres de las empresas involucradas ni la forma en que se obtendrán los recursos.

El segundo rubro en importancia es el de proyectos de refinación, donde se plantea destinar 57,000 millones de pesos para terminar la coquizadora de Tula y la rehabilitación de la coquizadora de Cadereyta. “El acuerdo es un espacio abierto y dinámico de colaboración entre el gobierno federal y el sector empresarial para incorporar nuevos proyectos de inversión, no identificados previamente, que inicien su ejecución de inmediato y reactiven la actividad económica”, señala el documento.

Por parte del sector privado participan el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), entre otros organismos.

El compromiso del gobierno, a través de Economía, Energía, Hacienda y la misma Presidencia es promover y facilitar la participación de la inversión privada en infraestructura; definir el mejor esquema para la ejecución de cada proyecto, e identificar, evaluar, estructurar y autorizar el desarrollo de proyectos.

¿Proyectos nuevos?

Aun con la promesa empresarial de proponer nuevos proyectos y ejecutarlos en tiempo, calidad y costo, entre los primeros 15 de inmediata ejecución, los nueve relacionados con aeropuertos, a los que se destinarán 14,152 millones de pesos, ya forman parte de los Programas Maestros de Desarrollo que aprueba cada cinco años la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a los grupos aeroportuarios.

La descripción de esos trabajos a realizar, según el acuerdo, está relacionada con: ampliación de terminales, sistema de revisión de equipaje documentado, ampliación de plataforma comercial y rehabilitación de plataformas y rodajes. Lo anterior se realizará en ocho aeropuertos que opera el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y uno a cargo del Grupo Aeroportuario Centro Norte.

El mes pasado, el presidente del Consejo de Administración de Asur, Fernando Chico Pardo, destacó una histórica inversión de 10,000 millones de pesos para el periodo 2019-2023 para renovar y ampliar los aeropuertos que opera. En el caso de la infraestructura que se pretende construir en materia de hidrocarburos y electricidad, corresponde en su mayoría a proyectos que el gobierno había anunciado como obra pública financiada y que por falta de recursos ha postergado durante varios años. Por ejemplo, la coquizadora de Tula inició en el 2014 con el contrato firmado con ICA Fluor para la instalación de la primera caldera de este equipo que quedó inconcluso a partir del 2017.

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