Tras señalar que el 25 de abril sumarán un nuevo emplazamiento a huelga, “éste para defender el derecho de los trabajadores contra la división funcional de Teléfonos de México”. Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), dijo que la decisión que tomó el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) “fue una decisión política y no de mercados, de competencia, parece que se están cobrando viejas facturas (...) en el futuro veremos a exfuncionarios ocupando el cargo al frente de las empresas de telecomunicaciones”.

La organización sindical presentó los resultados del estudio denominado “La Separación Funcional de Telmex/Telnor: Bases Regulatorias e Impactos Económicos, 2018”, que realizó la Oxford Competition Economics y Mel-Abogados, y cuyas conclusiones refieren que “esta reasignación no sólo implica la separación física de las operaciones y activos físicos, sino también la reasignación de personal. En particular, la reasignación de recursos humanos implica la realización de modificaciones contractuales, así como una reestructura respecto al cumplimiento de obligaciones de la empresa ante instituciones de seguridad social y fondos de pensiones o retiro”.

Lo anterior significa que debe haber un importante ejercicio de reasignación de recursos, pues los títulos de concesión de Telmex y Telnor obligan a respetar los derechos de sus trabajadores, en particular, lo correspondiente al esquema de jubilaciones contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018.

Y, “evidentemente, no se pretende respetar o abordar el tema laboral, pues el IFT ha dicho que ellos se encargan de las reglas, de la regulación y no así de los asuntos laborales, pero, entonces, cómo se resolverá el tema. Daremos la batalla los trabajadores”, comentó Hernández Juárez. Cabe señalar que “en la actualidad, se estima que el STRM posee un total de 60,000 trabajadores en sus filas: 32,000 trabajadores en activo y 28,000 trabajadores jubilados, por lo que el tema de las jubilaciones y sus obligaciones financieras asociadas es importante y relevante”.

Como están las cosas, dijo, la nueva empresa tendría 300 centros de trabajo a donde tendrían que migrar 13,000 telefonistas “y no se les permitiría interactuar, además de que la empresa nacería con precios abajo de su valor, lo cual implicaría que no tuviera ingresos para soportar la nómina, ni el Contrato Colectivo de Trabajo, cómo es que dicen entonces que están garantizados los derechos laborales”.

En ese sentido, el estudio indica que “la separación funcional pudiese implicar una menor rentabilidad de los fondos de pensiones de los trabajadores y, por tanto, agudizar aún más la insuficiencia financiera”.

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