Luego de que se ha violentado la legislación electoral, el sector patronal del país demandó fiscalizar el gasto de los partidos políticos a lo largo del proceso electoral del 2018.

“Sabemos que ciudadanos y empresarios proveen de apoyos ilegales a los candidatos. Es por demás desafortunado que quienes en otros momentos apelan al estricto apego al estado de derecho, en el proceso electoral encuentran formas de justificar sus abiertas violaciones a la ley”, reprobó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

En su mensaje semanal La Señal Coparmex, el dirigente patronal afirmó que el reto más grande que depara a México durante el primer semestre del 2018 es el proceso  electoral.

Criticó que la simulación en el cumplimiento de las reglas del proceso electoral es la norma, más que la excepción, entre los partidos políticos. Cada día de “precampañas” que en realidad son campañas abiertas, es una muestra fehaciente de que se está burlando el espíritu de la legislación electoral, y con ello, debilitándose la legalidad, la transparencia y la civilidad de los comicios.

De Hoyos dijo que los recursos que utilizan los partidos y candidatos deben provenir estrictamente de las fuentes permitidas por la ley.

Sin embargo, existe evidencia de gastos de campaña millonarios que simplemente no cuadran con el nivel de gasto que debiera observarse. Se realizan transferencias de recursos en efectivo, no obstante que la ley es clara al señalar que cualquier donación solo puede hacerse a través del sistema bancario.

Con estas y muchas otras violaciones, los topes máximos de campaña electoral parecen ser, de facto, el nivel mínimo de gasto de miles de candidatos a lo largo del territorio nacional.

Respecto a las candidaturas independientes, el dirigente de la Coparmex mencionó que existen violaciones a la ley, “sabemos que 28 aspirantes ciudadanos independientes a cargos de diputado federal podrían perder su registro por las irregularidades detectadas en las firmas que han recabado. Se detectaron 98,500 casos de credenciales falsas, creadas explícitamente para proveer de las firmas que los aspirantes ciudadanos necesitan para volverse candidatos.