La Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó el lunes pasado a Jorge Álvarez Hoth, exsubsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), su inhabilitación por 10 años y una multa económica por 550 millones de pesos por el caso Unefon.

Le resolución la tomó la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, a cargo de Alfonso Víctor Sáenz Ramírez, el pasado 26 de octubre y se deriva del procedimiento administrativo 15/2001.

En noviembre del 2011, Función Pública consideró que existían elementos probatorios con respecto a la presunta existencia de irregularidades de carácter administrativo por parte de Álvarez Hoth durante su gestión como subsecretario de Comunicaciones de la SCT en el caso de Unefon.

Entonces, la SFP explicó que las presuntas irregularidades consistían en que el exfuncionario no informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que Unefon no efectuó el pago completo de la contraprestación derivado del otorgamiento de frecuencias para servicios inalámbricos fijos o móviles.

Esto es, en la licitación de espectro de 1998, Unefon -tras resultar ganadora de las frecuencias para telefonía celular- debió pagar cuando menos 20% de la contraprestación como pago inicial y luego 80% restante.

Pero, al no poder cumplir con dicho pago, solicitó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones dos prórrogas y le hizo un cobro de 596 millones de pesos por concepto de intereses; sin embargo, el 30 de noviembre del 2006, dos días antes de concluir la administración del presidente Vicente Fox, la SCT devolvió a Unefon 550 millones de pesos sin una orden judicial de por medio.

Tras la resolución de la SFP del año pasado, Álvarez Hoth aseguró que la devolución de los 550 millones de pesos a Unefon sí le fue notificada al SAT, por lo que la investigación de la Función Pública la calificó como un tema político.

Incluso -dijo el exfuncionario de Comunicaciones y Transportes- existían pruebas de que la devolución sí le fue informada al SAT, por lo que seguiría el curso de la denuncia y que era posible que interpusiera una contrademanda por daños y perjuicios.

Álvarez Hoth afirmó que el SAT sí estuvo informado pero, al no tratarse de un crédito fiscal, no pudo ser cobrado.

Dio como referencia cuando Unefon litigó por 3,000 millones de pesos como crédito fiscal por actualizaciones y recargos por el cobro indebido de 596 millones de pesos que tuvo que pagar por dos prórrogas en 1998, al retrasarse en el pago de unas frecuencias concesionadas.

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