El consorcio liderado por Sacyr ha aceptado contribuir con 100 millones de dólares, tal y como propone el Canal, pero pide un adelanto de 400 millones de dólares para no paralizar las obras. Además, la constructora española y sus socios piden que la administración de la vía acuática amplíe una moratoria por un anticipo anterior, a fin de evitar la paralización de la obra este mes.

Sacyr responde con esta contraoferta a la propuesta previa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que había condicionado una aportación extraordinaria de capital de hasta 183 millones de dólares (unos 134 millones de euros) al consorcio a cargo de la ampliación de la vía, a que éste retire su intención de suspender las obras y que los fondos se usen para pagar a subcontratistas y proveedores de materiales.

La oferta del Canal implicaba que, de la cifra total, la ACP anticiparía 100 millones de dólares (unos 73 millones de euros) y los 83 millones restantes corresponderían a una prórroga de dos meses en la moratoria para el reembolso de anticipos por esa cantidad.

La propuesta de la ACP incluye además que el consorcio GUPC, que lidera la española Sacyr, desembolse por su parte 100 millones de dólares (alrededor de 73 millones de euros), lo que elevaría la aportación conjunta hasta los 283 millones de dólares (unos 207 millones de euros), al objeto de garantizar la continuidad de la obra durante los próximos meses, según ha señalado el administrador de la vía, Jorge Quijano.

El consorcio que lidera el grupo español ha aceptado la financiación conjunta de las obras, pero pide un adelanto de 400 millones para no paralizarlas.

De no retirarse la intención de suspender las obras, la ACP tendría que dar el "siguiente paso, que es terminar con el contrato" y activar los mecanismos que le permiten finalizarla, pero que "lo más óptimo es seguir" con el GUPC, agregó el responsable de la Autoridad del Canal.

MEJORAR LA PROPUESTA DE LA ACP

"La ACP ha puesto encima de la mesa una propuesta de solución parcial y a corto plazo del conflicto", indica en su comunicado el consorcio, que añade que, por su parte, ha sugerido "diferentes alternativas financieras para mejorar la propuesta de la Autoridad, de forma que pueda abarcar hasta la finalización de la obra, para poder así continuar con normalidad el proyecto de ampliación, que actualmente presenta un grado de ejecución del 66%".

En este sentido, el grupo de constructoras apunta que entre las opciones que se pueden estudiar figura la de agilizar el proceso de reclamo.

Precisamente, el único acuerdo surgido en la reunión celebrada este martes para solventar los problemas de liquidez del consorcio que ejecuta la ampliación del canal entre las constructoras y la ACP es la disposición de ambas partes a "acudir a las instancias arbitrales previstas en el contrato para solucionar los contratos".

El consorcio valora en unos 1,600 millones de dólares (unos 1,200 millones de euros) los sobrecostes que registra el proyecto, según indicó en la carta que el pasado 1 de enero remitió a la Autoridad del Canal advirtiendo de la paralización de las obras el próximo 20 de enero si no se le reconocías estos costos.

En el comunicado emitido tras la reunión de este martes, las constructoras se comprometen a continuar dialogando con la ACP "para pasar de una propuesta de corto plazo a una de lago plazo que permita la culminación de la obra".

La constructora italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local Cusa completan el grupo de empresas liderado por Sacyr que en julio de 2009 se adjudicó el contrato de construcción del nuevo juego de esclusas del Canal, la principal obra de su ampliación y el mayor proyecto de ingeniería civil de la historia, por un importe de 2,300 millones de euros.

La conclusión del proyecto estaba inicialmente previsto para agosto de 2014, si bien la última fecha de finalización estimada es el primer semestre de 2015.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica