La Secretaría de Economía (SE)ya enfrenta fuertes resistencias de los expendedores de gasolina y diesel en el país, quienes buscan echar abajo la norma de medición que elaboran las autoridades para frenar la entrega de litros incompletos de esos hidrocarburos, la cual genera pérdidas por más de 51,300 millones de pesos a los propietarios de autos y camiones en el país.

Con la nueva norma de medición en el despacho de gasolina y otros combustibles que elabora la SE, los propietarios de más de 21 millones 186,000 automotores -en que se estima el parque vehicular del país- recuperarían alrededor de 2,423 pesos anuales por unidad al imponer los candados de seguridad en las máquinas despachadoras de las estaciones de gasolina para evitar robos derivados de la manipulación en el sistema.

La dependencia, a cargo de Bruno Ferrari, afirma que las estaciones de servicio de gasolina en todo el país operan con un faltante de 9.5% del combustible para el consumidor (en promedio).

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha detectado que de las 9,232 estaciones de gasolina que existen en el país obtienen ganancias adicionales de unos 20,000 millones de pesos, derivado del despacho incompleto en la venta de combustibles líquidos (gasolina y diesel) por la falta de control en la sustitución de los componentes electrónicos de las máquinas expendedoras de combustible.

AHORROS MILLONARIOS

La SE argumenta que la NOM-005-SCFI-2011 -instrumentos de medición, sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y especificaciones, métodos de prueba y de verificación- generaría una recuperación del poder de compra por parte del consumidor calculada en 47,975.4 millones de pesos, correspondiente al costo del combustible pagado y no entregado.

Para alcanzar esta recuperación se tendrían que habilitar 16,211 máquinas despachadoras con aditamentos de confiabilidad, lo que tendría un costo que asciende a la cantidad de 241.1 millones de pesos, y remplazar 10,002 dispensarios que no son susceptibles de ser habilitados con aditamentos de confiabilidad, lo que tendría un costo que asciende a la cantidad a 1,299.7 millones de pesos, que daría un monto total por 1,440 millones de pesos.

Sin embargo, el sector de empresarios gasolineros rechaza la nueva regulación a la venta de combustible bajo la argumentación de considerarla contraria al Acuerdo de Calidad Regulatoria y argumenta que los costos del cumplimiento de la norma son mayores a los beneficios.

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