El gobierno federal considera que no existen razones para llevar a México a un panel de solución de controversias por incumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Graciela Márquez, secretaria de Economía.

“En el Capítulo de Energía del T-MEC hay una sola declaración de a qué se compromete México. México se compromete a cumplir con la Constitución en términos de materia energética y no ir más allá de lo establecido en la Constitución.

“Pero efectivamente, hay mecanismos de solución de diferencias que podrían o no, y enfatizo el no, llevar a un panel”, dijo este miércoles la funcionaria en una comparecencia ante la Cámara de Diputados.

La declaración de Márquez se dio en respuesta a una pregunta del diputado yucateco Jesús Vidal Peniche sobre una carta que escribieron el 22 de octubre 43 legisladores estadounidenses al presidente Donald Trump pidiendo que “encuentre una resolución” a la supuesta discriminación del gobierno mexicano a las inversiones energéticas extranjeras en México.

“Informes recientes indican que el gobierno mexicano está otorgando tratamiento regulatorio preferente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y está postergando o cancelando totalmente permisos para empresas energéticas estadounidenses”, dice la carta.

La carta hace referencia a documentos en los que el gobierno de López Obrador presuntamente pide a reguladores no otorgar permisos de operación a empresas energéticas privadas para beneficiar a Pemex y a CFE.

“Nosotros en la Secretaría (de Economía) ya hicimos una revisión puntual de dónde podrían estar apelando (...) Aquí no se trata de juzgar a un país u otro, sino a qué nos comprometimos”, dijo Márquez en la comparecencia, como parte de esa misma respuesta.

La intención del gobierno federal de fortalecer a Pemex y la CFE enfrenta límites vinculados con garantizar la competencia económica con los pares privados de esas dos empresas productivas del Estado, de conformidad con el T-MEC.

En términos generales, el gobierno de México no puede dar ventajas a Pemex o la CFE que impliquen una discriminación relacionada con el comercio exterior en América del Norte o un inversionista establecido en Canadá o Estados Unidos.

roberto.morales@eleconomista.mx