La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó, la semana pasada, a la Procuraduría Federal de la República (PGR) atraer la demanda que interpuso en contra de consorcio Rivada por difamación en el proceso de la licitación de la red compartida.

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De acuerdo con la SCT, la demanda fue desechada por el juez de distrito al considerar que corresponde a la PGR la legitimación procesal para hacerlo en representación de la federación. SCT ya realizó la solicitud a la PGR y remitió la documentación correspondiente. Estamos en espera .

El juez de distrito no abordó ni resolvió el fondo del asunto, únicamente se avocó a un aspecto procesal plenamente subsanable , dijo la dependencia.

Sobre la queja que resolvió el segundo tribunal colegiado especializado, durante el trámite del juicio de amparo que interpuso Rivada con motivo de su descalificación en la licitación de la red compartida, por no haber entregado la garantía de seriedad, por 1,000 millones de pesos, la SCT interpuso diversas quejas, una de ellas en contra de la admisión de la demanda de Rivada por existir causales suficientes para su desechamiento desde el inicio.

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Al respecto, el tribunal colegiado resolvió que el juez segundo especializada no contaba al momento de la admisión con la suficiente información para proceder a su desechamiento. Debido a esto, los argumentos de improcedencia y desechamiento que hizo valer SCT en la queja, la juez los debe abordar y analizar al dictar su sentencia.

De modo que las causales de improcedencia y desechamiento que eran el motivo de la queja no fueron desechadas ni resueltas, ya que se analizaran en la sentencia que dicte la juez.

Este domingo Rivada informó que un Juez de Distrito desechó la demanda por difamación presentada por la SCT en contra de Rivada y un recurso de queja también promovido por la dependencia.

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La demanda de la SCT tiene tres objetivos, que el Juzgado de Distrito ordene cesar la campaña de desprestigio; que Rivada pague una indemnización por su conducta ilegal, que deberá ser determinada por la autoridad judicial, y que el Juzgado obligue a Rivada a publicar en los medios de comunicación y redes sociales la aclaración por sus comentarios falsos.

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