La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si hubo o no una ocupación de facultades del Senado de la República con la publicación por parte del gobierno federal de acuerdos de equivalencia, como parte del TLCAN, respecto de aparatos electrónicos.

En la sesión de ayer, la mayoría de ministros se pronunció porque el Senado sí tiene un interés legítimo para presentar la controversia constitucional.

El ministro Sergio Valls presentó un proyecto de sentencia que planteaba resolver dicha controversia, al considerar que la Cámara Alta no tenía interés jurídico para interponer el recurso ante la Corte, pero la mayoría de los ministros expresó lo contrario y manifestó su desacuerdo con el proyecto.

Ello derivó en que el ministro Valls retirara el proyecto y se comprometiera a presentar uno nuevo posteriormente ante el pleno de la Corte, en el que ya aceptando un interés jurídico del Senado para interponer la controversia, se entre al fondo del asunto, es decir, para que los ministros debatan si con la publicación del acuerdo gubernamental se registró o no una invasión de facultades del Senado en materia de política exterior, como impugnaron los legisladores.

Cabe destacar que no existe una fecha específica para que se presente el nuevo proyecto.

El Senado promovió el recurso en contra del Poder Ejecutivo Federal por la invalidez de los Acuerdos de Equivalencia de los Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad de Estados Unidos y Canadá a las Normas Oficiales Mexicanas con respecto a los aparatos electrónicos de uso doméstico y en oficina, y seguridad de equipo de procesamiento de datos.

Asimismo, en contra del acto de aplicación consistente en la Vigésima Modificación al Acuerdo por el que se emiten Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, expedidos por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano.

En la sesión de la Corte de este lunes se explicó que las normas tienen su origen en el Tratado de Libre Comercio, que establece la posibilidad de que se determinen de manera reglamentaria este tipo de situaciones para unificar el tipo de productos que se van a comerciar entre países.

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