El crecimiento y expansión de las empresas ha propiciado que se instalen en comunidades rurales o pueblos indígenas; sin embargo, no siempre se siguen las políticas públicas y respetan los derechos humanos de la población. Cuando se tienen afectaciones, como contaminación al territorio, derechos humanos y cultura, las acciones para reparar el daño no siempre son las idóneas, por ello se requiere mantener un dialogo entre empresa, comunidad y gobierno al inicio del proyecto.

“El estado debe conoce y dar a conocer a las empresas sobre los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas. Hasta hace poco el gobierno licitaba sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos, luego el empresario hacía uso de la licitación, pero al llegar a la región se enfrenta con la oposición de las comunidades, no sólo a la entrada de una empresa, sino que mostraban resistencia ante la compañía”, precisa Cecilio Solís Librado emprendedor social de Ashoka y fundador de Red Indígena de Turismo de México.

Agrega que las partes interesadas deben mantener un dialogo con los pueblos desde el inicio de cualquier proyecto, tal y como lo marca la declaración de derechos de pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el convenio 169. También se deben realizar estudios de impacto ambiental que sean corroborados por un tercero a fin de contar con certidumbre en los resultados.

Se requiere que las comunidades sepan de qué se trata el posible proyecto, y que la empresa se sienta segura de que la inversión que realiza puede dar frutos, así se evitan conflictos y demandas. Por otra parte, el estado evita que los sujetos de derecho, es decir los pueblos indígenas sean afectados.

Río Sonora

Un caso de afectación a las comunidades es el derrame de 40,000 litros cúbicos de sultafo de cobre con ácido sulfúrico en el Río Sonora, en México el 6 de agosto de 2014 por parte de la empresa minera Grupo México que contaminó el ecosistema, recursos naturales y la salud de la población.

Ante esto el gobierno mexicano estableció una multa de 24 millones de pesos y la creación de un fideicomiso por 2,000 millones, para la indemnización de los afectados, pero el daño no fue reparado.

En un inició la empresa dijo que el derrame fue a causa del exceso de lluvia; sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que se debió a que la mina Buenavista del Cobre operaba sin cumplir con las especificaciones técnicas a las que se encuentra obligada, lo cual la debida supervisión de gobierno y si la empresa hubiera seguido las normas no hubiera sucedido.

Ante ello el grupo de trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos determinó que “el apoyo no fue distribuido equitativamente. Se favoreció a líderes afiliados a ciertos grupos políticos” y que los daños a largo plazo “podrían traer un aumento en la venta de tierras de los pequeños propietarios, el abandono de la actividad agropecuaria, un repunte de la migración hacia Estados Unidos con negativas consecuencias sociales y ambientales”.

En este sentido Eugenia López e Ivette González, de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), señalan que no se tiene tanta conciencia sobre la obligación de las empresas de no dañar el medio ambiente y las comunidades donde van a instalar colocar sus instalaciones y que para ello la ONU solicita que los países creen un plan nacional que aborde, tanto las responsabilidades del sector público como del privado y se mantenga una cultura de responsabilidad.

En México, el plan está a cargo de la Secretaría de Gobernación y por ello se creó el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que busca prevenir la violación de estos por parte de actores no gubernamentales y mejorar el impacto de las actividades de las empresas públicas y privadas en temas laborales, de medioambiente y anticorrupción.

Sin embargo, la organización civil determina que se requiere refinar el programa para que las empresas entiendan y cumplan los derechos humanos de los pueblos, así como cultura de las comunidades y que no sólo se centren en responsabilidad filantrópica.

La idea es que las organizaciones adopten un enfoque preventivo y que asuman, como parte del análisis de riesgo que realizan desde que se inician las planeaciones de una empresa, los derechos humanos, el medio ambiente y la cultura de la población, de esa manera puede evitarse desde el principio la creación de un daño.

Ríos

En el caso de los ríos, el agua que pasa por una comunidad indígena no se queda ahí, corre y nutre a otras entidades, si está contaminado también ase afectas los demás pueblos. Así como sucedió en el Rio Sonora, donde se identificó a 381 personas enfermas por la presencia de desechos tóxicos (plomo) en sangre y orina.

“Esto significa que tendríamos que tener una transparencia lo más amplia en estudios de impacto ambiental y que las evaluaciones no estén corrompidas. Además, en algunos pueblos se considera la deidad, es decir esa cosmovisión distinta del mundo donde no todo es material, sino que hay una parte espiritual que cuando se perturba también se afecta la cultura de los pueblos indígenas”.

Se tiene que reconocer que se vive en un país pluricultural, “en tanto el respeto y el diálogo prevalezcan, mejor construcción de caminos y puentes haremos para el desarrollo, tanto de los pueblos indígenas como de las empresas”, finaliza Cecilio Solís.

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