Los servicios jurídicos de Repsol se preparan para poner en marcha su ofensiva legal contra Argentina tras la promulgación de la ley que declara YPF de utilidad pública y expropia 51% de sus acciones.

La petrolera española denunciará a Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington. La compañía que dirige Antonio Brufau reclama 10,500 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la petrolera.

La empresa anticipó que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.

En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía debe remitir una carta al gobierno exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamos, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones internacionales.

El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.

Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamaciones. En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.

Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica