Un reciente fallo arbitral desfavorable a la alemana Daimler Benz puede retrasar en un año y medio la tramitación de la demanda que Repsol tiene previsto presentar ante el Ciadi (organismo del Banco Mundial donde se dirimen arbitrajes internacionales) contra la expropiación de YPF.

A finales de agosto se publicó el fallo del tribunal presidido por el francés Pierre-Marie Dupuy, en el que actuaba como árbitro por Argentina el español Domingo Bello Janeiro, por el que se negaba a Daimler la aplicación de la llamada "cláusula de nación más favorecida". La alemana apeló para evitar un litigio previo de 18 meses en los tribunales argentinos.

El grupo automovilístico, que acudió al Ciadi hace cinco años por otro caso de expropiación en Argentina, debe presentar una demanda ante un juez local y, si en 18 meses no le da la razón, volver de nuevo al Ciadi.

Se trata de un trámite incluido en el acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones (Appri) entre Alemania y Argentina y entre España y el país austral.

Este antecedente es un jarro de agua fría para Repsol que, tras la expropiación de su filial YPF, comunicó en mayo al gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner "una controversia" en el Appri hispano-argentino. A partir de ese momento, la petrolera española disponía de un plazo obligatorio de seis meses para lograr un acuerdo con el expropiador. Un mero formalismo que exige el tratado que, por otro lado, no obliga ni siquiera a mantener contactos.

Según dijo la propia Repsol presentaría una demanda ante el Ciadi por el incumplimiento del Appri. En principio, el tribunal se constituiría en Washington, aunque las partes pueden elegir otra sede, y estaría integrado por tres árbitros (uno por cada parte y un presidente consensuado).

Pero el laudo de Daimler, que ha echado por tierra la invocación de la cláusula de nación más favorecida, pone a Repsol entre la espada y la pared: o litiga los 18 meses en los tribunales locales que exige el Appri entre España y Argentina o se arriesga y presenta la demanda en octubre (al cumplirse el plazo obligatorio de seis meses). La cláusula de nación más favorecida garantiza que un inversionista no tendrá un trato menos favorable que el que un país otorga al de otros con quien mantenga acuerdos de protección de inversiones.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica