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Reforma energética, reto histórico: KPMG

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Por Karol García / El Economista

La reforma, que será un reto para gobierno e inversionistas, obligará a coexistir una sólida regulación hacia los privados y mejores reglas de transparencia en las entidades estatales.

De acuerdo con la casa consultora financiera KPMG, la reforma energética abre un nuevo capítulo en la historia del país en el que tendrán que coexistir una sólida regulación hacia los privados y mejores reglas de transparencia en las entidades estatales, así como diversos retos para las

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Así lo estableció Gilberto Alfaro, socio Líder de la Industria Energética y Recursos Naturales de KPMG en México, quien determinó que el gobierno federal y los entes reguladores cambiarán radicalmente sus procesos y actividades, para alinearlos con los objetivos establecidos en la reforma.

En el análisis publicado ayer, contempla que los inversionistas tendrán que superar diferentes desafíos para insertarse en el nuevo escenario y participar en función de la experticia de cada uno.

En este sentido, es fundamental el conocimiento y experiencia para lograr una exitosa colaboración en las licitaciones que se darán en el futuro , especificó.

Algunas de las complejidades más relevantes a las que pueden enfrentarse los inversionistas, según KPMG, son las siguientes: impacto en la información financiera y flujos de efectivo, dependiendo del tipo de contrato que establezca el gobierno federal para cada proyecto; los impactos derivados del nuevo régimen fiscal; el cumplimiento de requisitos contractuales y obligación de reportar información operativa y financiera; el acatamiento de leyes y regulaciones, incluidas las correspondientes a la sustentabilidad y la ecología; el reto de lograr una eficiente y oportuna administración y conclusión de proyectos de inversión.

Por otra parte, los inversionistas han de hacer frente a la consecución de un régimen laboral óptimo para las empresas; y el establecimiento de sistemas de información requeridos para la generación de información operativa y financiera, con las que será evaluado el cumplimiento de los contratos entre el Gobierno y las empresas.

kgarcia@eleconomista.com.mx

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