Los cambios urgentes al sistema de justicia laboral del país tendrán que esperar. Pese a la rapidez con la que se aprobó, se quedó atorada en los estados la iniciativa presidencial por parte del Congreso de la Unión para desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y dejar en manos del Poder Judicial los asuntos laborales.

En un reporte, el despacho de abogados De la Vega & Martínez detalló que el dictamen emitido el 4 de noviembre del 2016 por las Cámaras de Diputados y Senadores sobre los cambios Constitucionales al Artículo 123, sólo ha sido considerado como urgente para su aprobación en ocho entidades de la República.

El primer estado del país en dar paso al cambio en esta materia fue Coahuila, con la aprobación el 16 de noviembre; le siguieron Quintana Roo, Campeche y Estado de México el 17 de noviembre; el 22 de ese mismo mes lo hicieron Nayarit e Hidalgo; ya en el mes de diciembre lo aprobaron los congresos de Michoacán y Tlaxcala.

Lo que inició como un proceso en la modernización y transparencia en los asuntos laborales, para dar cumplimiento el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), ahora parece que se ha frenado, pues con ello se daría un avance complementario a la reforma laboral del 2012, al tratar asuntos de la justicia de trabajo y la contratación colectiva de un modo que elimina las simulaciones , agrega la información.

Además de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, federal y estatales, la reforma incluía la posibilidad de que los trabajadores eligieran su sindicato y dirigentes en voto libre y secreto; así como la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.

Para avanzar en la promulgación de la reforma por parte del Ejecutivo que implica modificaciones a los artículos 107 y 123 constitucionales se requiere de la aprobación de al menos 16 de los 32 congresos estatales.

De acuerdo con la firma de abogados, ahora que el TPP atraviesa un episodio de incertidumbre, tras las elecciones de Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump, hay riesgos de que se retrase más de lo debido su aprobación; no obstante, consideramos que, con o sin TPP, los cambios para la modernización de la justicia laboral deben continuar .

En caso de que se lograra la aprobación de la reforma en los congresos estatales, su implementación se llevará un año, y aún falta elaborar un nuevo código federal de procedimientos laborales. Se tendría todo el 2017 para prepararlo y a lo mejor en el 2018 se podría aplicar , concluyó el despacho legal.

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