De aplicar la reducción del 50% en el gasto de la comunicación social, como lo plantea la próxima administración, se destinaría un presupuesto de 2,000 millones de pesos para este rubro en 2019, sin embargo, el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador debe ir acompañado con criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación, pues podría limitar la libertad de expresión, recomendó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El organismo privado que encabeza Juan Pardinas alertó que una centralización de la comunicación social, que propone la desaparición de las oficinas especializadas en esta área de las dependencias federales y pasarla a la Presidencia, “puede ser una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva”.

“Es trascendental que las medidas expuestas en el Plan de austeridad y combate a la corrupción se acompañen de reglas claras y contrapesos para lograr un cambio verdadero en la relación entre poder y medios de comunicación, un cambio que procure medios libres y una sociedad realmente informada”, pugnó el IMCO.

Por ello, instó a la próxima legislatura y al nuevo gobierno, a que se abran el debate para una adecuada regulación de la publicidad oficial mediante la abrogación de la Ley Chayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una nueva que integre las Bases Mínimas de Regulación de Publicidad Oficial emitidas por este Colectivo, así como los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la CIDH.

A través de un comunicado, el organismo aplaudió la reducción del gasto en publicidad oficial, e insiste que deberá ser con criterios claros de asignación.

De acuerdo con el IMCO, la esta reducción al gasto no resuelve el problema de la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios claros, transparentes y objetivos de asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo de medios.

Tampoco, agregó, evita los sobreejercicios multimillonarios que se realizan sin justificación.

En este sentido, el colectivo #MediosLibres insta al nuevo gobierno a considerar acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, como topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, y sanciones ante el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo.

La siguiente legislatura tiene la oportunidad de emitir una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información. También, el ejecutivo puede garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto, consideró el Instituto encargado de elaborar medidas que mejoren la competitividad en México.

erp