En medio de un fuerte operativo policiaco, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reanudó los trabajos de construcción del tren de pasajeros México-Toluca, los cuales estaban detenidos desde el pasado 10 de enero por las inconformidades mostradas por habitantes de la comunidad de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac en el Estado de México.

La dependencia explicó en un comunicado que, en acatamiento a disposiciones judiciales, a las 7 de la mañana este martes se reiniciaron los trabajos, con la finalidad de “recuperar” los meses perdidos.

“En los trabajos de estas obras (del tren) se ha cumplido minuciosamente con la normatividad, así como con el proceso de indemnización a los comuneros, por lo que ante el amparo que ellos interpusieron, éste fue sobreseído el 22 de marzo del 2018 por el juez primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México”, se informó.

De acuerdo con SCT, los más de 600 trabajadores que llegaron a la zona referida estuvieron acompañados de 2,000 elementos de las policías Federal y Estatal, lo que ocasionó una escena sin precedente en la construcción de infraestructura en el actual sexenio. Ante el despliegue policiaco, los pobladores optaron por evitar la confrontación y la dependencia, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que: las notarías públicas 190, 20 y 146 del Estado de México dieron fe de que ningún elemento policiaco contaba con armas y sólo resguardaban el perímetro, como lo marca la ley, para la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

El viernes pasado, la SCT difundió un comunicado donde aseguraba que la terminación en tiempo de la obra estaba amenazada por la inconformidad de los habitantes, que a pesar de no tener derecho a una indemnización por el uso de los terrenos donde se realiza la construcción (toda vez que son federales), se les otorgó, y ahora buscaban más dinero.

El tren se ha enfrentado a otras polémicas. Hace un par de meses, un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró que su desarrollo ya implicaba un sobrecosto no justificado de 55%, con lo que se salió de los parámetros establecidos de rentabilidad social, además de que sus procesos de contratación fueron “desorganizados y opacos”.