Desde el arranque de la legitimación de contratos colectivos de trabajo, en mayo de 2019, que por ley deben realizar todas las organizaciones sindicales, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) hay 11 contratos que han sido disueltos dado que los trabajadores rechazaron ser representados por la organización sindical que tenía la titularidad.

De acuerdo con el CFCRL, el perdedor de contratos es el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora de H. Matamoros, Tamaulipas, quien ha perdido la votación con los trabajadores en 4 contratos colectivos de trabajo, y al frente de la organización está como dirigente Juan Villafuerte.

Dicha organización sindical forma parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien cuenta con el mayor número de contratos en el país, pero que también es la que ha perdido más como central obrera en las votaciones que han ejercido los trabajadores de manera libre, secreta y directa; pues los 11 contratos que han desaparecido formaban parte de esta central obrera.

El segundo sindicato con cancelación de contratos es el que lidera Roberto Mendoza, denominado Sindicato Industrial de Trabajadores en Productos de Acero Inoxidable Similares y Conexos del Estado, y cuyo contrato cancelado fue el de Liverpool en Colima, el pasado 13 de octubre.

De los 500,000 contratos que la autoridad espera legitimar, hasta la fecha van 2,277; con un total de 1,563 registros sindicales; en donde han participado alrededor de 993,403 trabajadores.

Falsas legitimaciones

Al respecto, Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, comentó que la Ley General del Trabajo dice que aquellos contratos o líderes que no se hayan legitimado después de cuatro años de haber entrado en vigor (1 de mayo de 2019), motivará que todo contrato sea nulo y los dirigentes también serán declarados inválidos.

Además, señala que la CTM tiene contratos cancelados en los sitios en donde sí hay organizaciones sindicales independientes organizadas, pero que aún con ello, se deben enfrentar a una serie de actividades irregulares, pues la legitimación también ha dado pie a que se legitimen contratos que fueron identificados como de protección.

En ese sentido, la diputada Susana Prieto Terrazas, comentó que en Matamoros en las maquilas, a pesar de la negativa de los trabajadores por tener líderes sindicales impuestos, las cosas no han cambiado mucho, “no hay absolutamente ningún cambio, ha ganado no la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, pero los sindicatos siguen teniendo el control porque las empresas se los dan, pasan dentro y están reafirmando que están con el sindicato o empieza a haber despidos”.

Cabe recordar que el 1 de mayo de 2019 inició el proceso que se realiza por única vez y que quedó asentado en la Ley Federal del Trabajo. Tiene una vigencia de 4 años que concluyen el 2 de mayo de 2023. 

Manuel Fuentes, especialista y abogado laboral, destacó que los contratos de protección siguen existiendo y están evitando que realmente se puedan legitimar, ”están en manos y bajo el control de los empresarios, y ellos impiden que esta reforma se lleve a cabo”, afirmó.